52 días en huelga de hambre contra los desahucios

En uno de los anuncios de la Caixa un niño de rasgos sudamericanos acompaña la siguiente propuesta: “Niños, pensamos en vuestro presente y en vuestro futuro”. Al parecer, el niño de la foto no es ninguno de los cuatro hijos de Segundo, un vecino de Elche (Alicante) que mantiene una huelga de hambre, acampado frente al palacio de la Moncloa desde el 20 de abril.

“No me moveré de aquí hasta que no tenga una solución concreta. Y si no me la dan, les invito a mi entierro”. Segundo es el vicepresidente de la Asociación de Familias Hipotecadas, Embargadas y Afectadas por Abusos Bancarios de Elche, desde donde ofrecen asesoría legal, intermediación con los bancos y asistencia social a afectados por impago de hipotecas. Un retraso de un sólo mes o una deuda como la de Segundo, de apenas 215 euros, pueden ser argumentos suficientes para acabar en la calle. Son ya 479 familias de toda la provincia de Alicante las que integran esta asociación fundada hace apenas seis meses.

Hay que seguir pagando
El proceso casi siempre es el mismo: se produce un impago en las cuotas de la hipoteca y el banco demanda al hipotecado. Una vez que el juzgado resuelve, la vivienda sale a una subasta en la que el propio banco suele ser quien se queda con la casa puesto que, por ley, sólo han de pagar el 50% del valor tasado. Es el otro 50% lo que obliga a Segundo a mantener su huelga de hambre: tiene que seguir pagándolo mientras pasa a ingresar en una lista de morosos. “Sólo quiero dejar de pagar por algo que ya no es mío”, asegura Segundo.

Toñi Cano, presidenta de la Asociación, lo define como “una red de engaños tejida entre bancos, inmobiliarias y notarios”. En su caso, las preguntas al notario durante la lectura del contrato fueron contestadas con un “luego te lo explican en el banco”. Pero la firma ya estaba sobre el documento. Mientras para otras entidades la acumulación de inmuebles vacíos puede suponer un problema, para La Caixa es un rentable negocio gestionado mediante su compañía de servicios inmobiliarios Servihabitat.

Cano estima que unas cien mil familias serán desalojadas de sus viviendas en 2009 en todo el Estado. La mayoría de los embargados tiene entre 25 y 45 años y no tienen ingresos, lo que implica el riesgo de que muchos menores puedan verse en la calle. Los servicios sociales de la ciudad están desbordados y tan sólo pueden ofrecer ayudas concretas durante dos o tres meses.

“Hemos sido víctimas tanto del Gobierno como de los bancos, que se han aprovechado de nuestra necesidad”, comentan desde la Asociación, que pide a las autoridades políticas leyes para paralizar los embargos, una moratoria para el pago de las deudas (igual que la otorgada a los créditos del ICO) y que no se deba seguir pagando la deuda restante tras la subasta. Pero Quiñones es escéptico respecto a las instituciones: “Si mi voz no se escucha, ¿para qué voy a votar? Los políticos están ahí porque los ponen los bancos. Pero les seguimos votando y dejamos que masacren nuestros sueños y nuestras vidas”.