El segundo presupuesto aprobado
por el Gobierno de Gordon
Brown le valió el calificativo de
“Robin Hood” de las finanzas. La
medida estrella fue un aumento
del tipo impositivo máximo del
40 al 50% para las rentas superiores
a 150.000 libras esterlinas
(unos 171.000 euros). Según un
artículo publicado por el Daily
Mirror, vinculado al Partido Laborista,
Brown tuvo que evitar un
cisma en su Gobierno, enfrentado
con él también a causa del
escándalo de los gastos de los
diputados, ya que algunos miembros
proponían subir el umbral a
las rentas superiores a 200.000
libras, y otros bajarlo a todas las
que estuvieran por encima de
100.000. Por su parte, el diario
conservador Daily Telegraph calificó
la medida como “lucha de
clases”.
Cabe resaltar que la reforma va en sentido contrario a las que han tenido lugar en los últimos tiempos. En el caso español, el primer Gobierno de Rodríguez Zapatero reformó el IRPF en 2006, con el apoyo de CiU. La reforma consistió en una rebaja en el tipo máximo (para las rentas más altas) del 45 al 43%, la ampliación del mínimo exento (rentas por debajo de 9.000 euros quedan exentas de pagar impuestos) y la eliminación de uno de los tramos, suprimiendo parte de la progresividad impositiva. Sucesivas reformas han reducido el Impuesto de Sociedades, y eliminado el Impuesto sobre Patrimonio, que en 2008 había generado unos ingresos de 1.800 millones de euros. La medida de Brown está encaminada a reducir el déficit, aunque hay otras voces que defienden la subida de impuestos progresivos como principio. En palabras de George Galloway, diputado por el partido Respect, “el Gobierno necesita fondos para financiar los servicios que tenemos; si se quiere alumbrado público, escuelas, gente que cuide de nuestros mayores, etc., si se quiere todo lo que acompaña a la civilización, el Estado necesita ingresos”. Para Galloway, la práctica de poner dinero en los bolsillos más pudientes no siempre repercute en el bien de la economía: “La manera de hacerlo es devolverle más dinero a quienes están en la base de la pirámide, que gastan la mayor parte de sus ingresos en bienes y servicios locales”.
En los países del entorno mediterráneo y tradicionalmente en EE UU, la bajada de impuestos se convierte en argumento electoral clave, y se considera como algo positivo para el crecimiento económico. Pero los países del norte de Europa parecen demostrar que esto no es siempre así: donde las tasas de desarrollo social y competitividad económica están entre las más altas del mundo hay un consenso entre socialdemócratas y conservadores a la hora de mantener unos impuestos que llegan al 60% de la renta. Como dato ilustrativo cabe señalar que el PIB per cápita de Suecia, Noruega y Dinamarca están entre los diez primeros del mundo, según el Fondo Monetario Internacional. Aunque quizá el aspecto más llamativo de las altas tasas impositivas sea el amplio apoyo popular, reflejo de la confianza que la ciudadanía de estos países tiene en el Estado como garante de derechos y proveedor de servicios, pues los altos impuestos se traducen habitualmente en subsidios.
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