En noviembre, George Bush y Nuri al-Maliki, primer ministro iraquí, firmaron una “declaración de principios para una relación de cooperación y amistad a largo plazo” entre Iraq y EE UU, una declaración que quieren convertir en acuerdos securitarios, económicos y políticos antes del 31 de julio. En virtud de estos ‘acuerdos’, EE UU se comprometería a ayudar a Iraq “en su transición a una economía de mercado”, a “facilitar y apoyar el flujo de inversiones extranjeras, especialmente estadounidenses”, y a “aportarle garantías de seguridad”. Aunque la invasión de Iraq se considera un fracaso, las arcas de EE UU se vacían por el desmesurado coste de la guerra y el debate sobre la retirada de tropas es constante desde 2006, EE UU intenta perpetuar su control sobre el país y sus recursos, incluso tras una hipotética retirada de las tropas de combate, a través de una presencia militar permanente, de nuevas leyes y de la transformación de la estructura económica del país.
BASES MILITARES
Robert Gates, secretario de Defensa de EE UU, defendió en junio “un modelo de acuerdo mutuo por el que tengamos una presencia duradera (en Iraq)”, y proponía para el país un modelo similar al de Corea del Sur, donde EE UU mantiene más de 30.000 soldados desde hace 60 años en bases. EE UU debate sobre la retirada de las tropas, pero en este debate, tanto republicanos como demócratas sólo hacen referencia a las “tropas de combate”. “Todo indica que pretenden llevar a cabo una desaparición progresiva de los centros neurálgicos urbanos y concentrarse en los sitios de importancia estratégica, y dejar el control a unas fuerzas de seguridad y a un Gobierno que no tengan más remedio que ser leales a EE UU”, explica el arabista Iñaqui Gutiérrez de Terán. Mientras, sigue la construcción de 14 bases permanentes que podrán albergar a decenas de miles de soldados y que deberían “mantener la estabilidad del Gobierno y el control sobre los recursos energéticos y geoestratégicos de Iraq”. A esto se suma la construcción, en Bagdad, de una macroembajada del tamaño de 80 campos de fútbol.
LEY DEL PETRÓLEO
En febrero de 2007, el Gobierno iraquí aprobó una ley de hidrocarburos dictada por EE UU. Esta nueva ley, que se encuentra atascada en el Parlamento iraquí, permitirá, de ser aprobada, que las multinacionales petroleras controlen, a través de concesiones de más de 35 años, la explotación del petróleo de 63 de los 80 yacimientos descubiertos. La ley estipula que las compañías extranjeras, que podrán embolsarse el 75% de los beneficios, “no están sometidas a ninguna restricción en cuanto a sacar las ganancias del país, y no están sometidas a ninguna tasa para ello”, y que directivos de multinacionales petroleras podrán formar parte del Consejo Federal Iraquí del Gas y el Petróleo. Mientras la ley sigue sin ser ratificada en el Parlamento debido principalmente a disputas regionales (pues el documento sanciona la gestión local de los recursos), las autoridades kurdas han firmado por su cuenta 15 contratos de explotación y exportación con 20 compañías extranjeras, contratos que son considerados ilegales por el Gobierno iraquí.
CONTROL ECONÓMICO
Antes de dejar su cargo como administrador civil de Iraq, Paul Bremer emitió cien órdenes que decretaron la privatización de 200 empresas estatales, la eliminación de impuestos de aduanas y tarifas y la apertura de Iraq a las empresas extranjeras y al libre mercado. “Estas órdenes establecieron el marco legal para asegurar la explotación extranjera del mercado doméstico de Iraq”, según Michael Meacher. La propia Agencia de EE UU para el Desarrollo Internacional (USAID) expone en un documento que está “ayudando al Gobierno de Iraq a privatizar la mayoría de la economía (...). En 2005, USAID ayudó a redactar el borrador de ley de privatización y dio asistencia para crear un Comité de Privatización”. “Estamos hablando de una guerra de saqueo, y las guerras de saqueo, desde la época colonial hasta hoy, van en esa línea: conseguir el máximo beneficio. Se intenta privatizar y conceder a las multinacionales y países que han colaborado en la ocupación el control y la gestión de los servicios públicos”, afirma Gutiérrez de Terán. En diciembre, después de pagar una deuda de 470 millones de dólares y recibir otro préstamo de 744 millones, Iraq renovaba el Acuerdo Temporal firmado en 2005 con el FMI, una condición impuesta por el Club de París en 2003 para reducir su deuda. Los objetivos del acuerdo, que Iraq está cumpliendo: eliminación de los subsidios a los combustibles, reestructuración del sector petrolero, “disciplina fiscal”, recorte de pensiones y sueldos... En 2005, USAID asistió al Gobierno a dar “el primer paso para formar parte de la OMC. El proceso de acceso obligará a Iraq a reformar sus regulaciones comerciales y a establecer una economía abierta de mercado”.
PARTICIÓN Y ANTITERRORISMO
Para un mejor control del país, el Senado de EE UU votó en septiembre una propuesta de partición de Iraq en tres entidades federadas, propuesta rechazada por el Gobierno y los parlamentarios iraquíes. Sin embargo, en 2006 el mismo Parlamento aprobó la Ley del Federalismo, que debe implementarse a partir de abril, y que se teme pueda ser el germen para la desintegración del país según bases sectarias, pues permite su división en “regiones federales”. Según Gutiérrez de Terán, EE UU también intentará mantener el control a través de “cláusulas relacionadas con la guerra contra el terrorismo, que permitan movimientos libres de sus tropas y que EE UU tenga un control más o menos directo de la política exterior del país. Eso por supuesto unido a la ley del petróleo y a las leyes económicas de liberalización, probablemente permitirá que la política interna del país siga los destinos fiables de EE UU”.
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