Según el dictamen emitido el 12 de febrero por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, no hubo responsabilidad de altos o medios funcionarios en el dispositivo policial desarrollado en la localidad de San Salvador Atenco los días 3 y 4 de mayo de 2006 contra un levantamiento popular. La represión policial se saldó con la muerte de dos adolescentes, abusos sexuales a decenas de mujeres y más de 200 detenidos.

La sentencia niega toda relación con los hechos del entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública –y actual Procurador [fiscal] General de la República–, Eduardo Medina Mora, del gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, así como de altos mandos policiales. Según el alto tribunal, que reconoce que hubo “violaciones graves a las garantías individuales”, las responsabilidades recaen sólo sobre los policías que cometieron los atropellos y, según los casos, en los mandos intermedios.

Hasta el momento, tan sólo 21 policías se encuentran imputados penalmente por “abuso de autoridad”, y otro por “actos libidinosos”, ninguno de los cuales ha pisado la cárcel al considerar la justicia mexicana estos delitos como no graves. Algo que contrasta con las largas penas a las que se enfrentan los 13 condenados por el levantamiento en Atenco, entre la que destaca la del dirigente del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), Ignacio del Valle, condenado a 112 años de prisión. El dictamen del máximo organismo judicial mexicano se realizó a partir del informe que el ministro instructor, José de Jesús Gudiño Pelayo, presentó a la Corte y que, sin embargo, considera probado que los ahora exonerados mantuvieron el día 3 de mayo una reunión para coordinar el dispositivo que posteriormente se desplegó en Atenco.

“Estrategia de Estado”

El FPDT, a través de un comunicado, mostró su disconformidad con una resolución que califica de “indignante”, ya que “sólo otorga impunidad a los represores”, y “deja el precedente de impunidad para Ulises Ruiz”, gobernador del estado de Oaxaca, en donde ese mismo año una insurrección popular le costó la vida a 27 personas. Para FPDT, “no se trató de una acción particular de los policías sino de una acción represiva como parte de una estrategia de Estado”, por lo que el fallo legitima la creación de “un Estado policiaco”. Por otro lado, la demanda presentada ante la Audiencia Nacional española, recuriendo a la jurisdicción universal, por la organización Women’s Link Worldwide, en representación de la catalana Cristina Valls, por las torturas y abusos sexuales que ésta sufrió por parte de las policías mexicanas en Atenco, ha sido desestimada por segunda vez. Fernando Grande Marlaska, juez encargado del caso, considera que en México ya se están realizando investigaciones para esclarecer los hechos.