INSOSTENIBLE. El modelo de desarrollo basado en la especulación inmobiliaria

El 18 de marzo fue detenida la alcaldesa de La Muela (Zaragoza), Mª Vitoria Pinilla, del Partido Aragonesista (PAR), acusada de nueve delitos vinculados con su gestión, junto a otras 18 personas (entre ellas su marido, su hijo, otro concejal y empresarios y técnicos vinculados al urbanismo local) por su presunta implicación en una trama de corrupción urbanística. Este caso, más allá de su lado judicial, pone en tela de juicio el modelo de desarrollo en Aragón, basado en una expansión depredadora, donde los gobiernos locales ejercen funciones empresariales y ponen al servicio de la inversión privada medios y recursos públicos, incluso con cambios legales y planes generales de ordenación urbana a gusto del capital privado.

En La Muela, a partir de 1990, comenzó un proceso de macrodesarrollo económico y social, gracias a los numerosos parques eólicos en su término municipal y a la especulación urbanística residencial e industrial por su cercanía a Zaragoza capital. Con las recalificaciones (conversión de tres millones de m2 de monte en polígono industrial) y el floreciente negocio inmobiliario llegaron la riqueza y la ostentación. El municipio ha pasado de 900 vecinos a 5.000 en diez años, y cuenta con 150 trabajadores a sueldo del Ayuntamiento, cifra muy superior a la de otras localidades similares. El Ayuntamiento ha construido en este tiempo tres museos, un zoo, un auditorio, un centro polideportivo donde no faltan sauna y jacuzzi, una plaza de toros cubierta por el que, a golpe de talonario municipal, han pasado numerosas figuras del toreo y la música. E, incluso, se han subvencionado viajes al Caribe para sus vecinos. La sociedad de gestión y promoción inmobiliaria Aranade, ahora implicada en la trama de corrupción, controlaba el urbanismo local y por ella pasaron todos los grandes proyectos. La mala gestión y la ineficacia económica han dejado al Ayuntamiento con una deuda de muchos miles de euros, que ahora recaen sobre una población en plena crisis económica.

Mientras, Gran Scala, el gran complejo de juego y ocio proyectado en Aragón, dio el 10 de febrero un paso adelante al firmar International Leissure Development (ILD) las opciones de compra de 900 hectáreas en Ontiñena (Huesca). A su vez, este Ayuntamiento ha iniciado un proceso administrativo para la venta de 1.300 hectáreas más de suelo público a ILD. Este consorcio, formado por 12 empresas de diferentes países, prevé invertir unos 17.000 millones de euros en un complejo que integrará 32 casinos, 70 hoteles, 200 restaurantes, 500 comercios, comercios, un hipódromo, un campo de golf y varios parques de atracciones y museos.

La coalición PSOE-PAR ha preparado un proyecto de ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad a la medida de Gran Scala: se exige un capital de diez millones de euros y un aval bancario que garantice la solvencia. Sin embargo el capital social de ILD es muy inferior a esta cantidad y el aval, que ya fue exigido por la DGA con fecha límite de abril de 2008, sigue sin aparecer.

Con esta ley, la Diputación General de Aragón pretende que se cumplan condiciones tales como un depósito de tres millones de euros, una extensión de 1.000 ha, la creación de 3.000 empleos y 8.000 plazas hoteleras. Pero, al no concretarse detalles como los plazos, estos requisitos pierden valor. Mientras, varias entidades independientes, coordinadas en la Plataforma Stop Gran Scala, denuncian la inviabilidad social, económica y ambiental del proyecto. La falta de controles y el despilfarro de dinero público a través de sociedades de gestión quedan como una dolorosa lección que han de aprender las administraciones aragonesas.