Para numerosas organizaciones sociales la permisividad y el doble rasero explican en buena medida el incremento de la actividad de organizaciones fascistas y el auge de las agresiones racistas y neonazis. Los hechos parecen darles la razón. Aragón puede ser una buena muestra.
Las pintadas de “Delegado dimisión” aparecieron en las paredes de Zaragoza después de que Javier Fernández, delegado del Gobierno, permitiera el 18 de noviembre un acto de homenaje fascista en el cementerio de Torrero, y dos conciertos consecutivos de música nazi en una nave industrial de la localidad de Cuarte, en Huesca. Durante toda la semana previa, Fernández había anunciado que no permitiría concentraciones ilegales ni fascistas. Bien es cierto que ya el delegado había decidido, tras el asesinato de Carlos en Madrid, ilegalizar una concentración que previamente él había autorizado, convocada por el fascista Movimiento Social Republicano. Pero el resto de los actos neonazis en la comunidad fueron permitidos por la policía. Según denuncian diferentes colectivos sociales zaragozanos, a los convocantes de la manifestación -legalizada- contra el racismo y el fascismo que ese mismo día 18 recorrió las calles del barrio de Torrero, el delegado les había prohibido expresamente entrar en el cementerio a realizar un pequeño acto de homenaje a los cientos de personas fusiladas en la tapia del recinto entre 1936 y 1950. Horas más tarde y ante la presencia de policías, unos 25 neonazis realizaron, como vienen haciendo desde hace varios años, un homenaje a tres fascistas maños muertos en un accidente de coche. La actitud del delegado se hace más escandalosa para los movimientos sociales zaragozanos cuando desde hace meses la policía se aplica con dureza contra ellos. Por ejemplo, el 6 de octubre, poco antes de la lectura del pregón de las Fiestas del Pilar, varios antimilitaristas fueron aporreados- hubo varios lesionados- cuando intentaron desplegar una pancarta de tela y varios globos contra la prevista instalación de una base de la OTAN. Además, diferentes organizaciones zaragozanas aseguran que la policía tiene “ficheros paralegales” de personas no fichadas pero activas en movimientos sociales de la ciudad. Pero a tenor de los números, este celo policial no parece aplicarse a los actos fascistas. Según el último informe, con datos de 2006, sobre racismo y xenofobia del Movimiento contra la Intolerancia, Aragón es la segunda comunidad del Estado con más violencia ultra, con 41 episodios de racismo y xenofobia, la mayoría en la capital aragonesa. Según el informe también han sido numerosos los conciertos realizados por grupos nazis en la nave de Cuarte. Sólo la Comunidad Valenciana, con 55, acumula más casos, mientras territorios mucho más poblados como Cataluña, con 41, o Madrid, con 40, se sitúan en términos equiparables a las agresiones en Aragón.
El doble rasero lo confirma Jorge del Cura, del Centro de Documentación contra la Tortura y funcionario judicial. “Hay también un claro tratamiento diferenciado en el abordaje periodístico, un tratamiento que genera (o no) alarma social. Y esa alarma social hace que los jueces sean más o menos duros a la hora de tomar una decisión inicial. Yo creo que ahí sí que hay un doble rasero muy claro. Una agresión fascista en principio va a ser considerada como un caso aislado, unos chavales un poco descerebrados y nunca como algo realmente peligroso y organizado. Un incidente protagonizado por movimientos de izquierdas siempre va a ser considerado como algo organizado y muy cercano al terrorismo de baja intensidad o directamente terrorismo”. El doble rasero también lo siente Jaume Asens, abogado que ha defendido a numerosos movimientos sociales de Barcelona: “Las protestas antifascistas expresan el malestar por la impunidad” de las agresiones nazis y se pueden considerar “una disputa para expulsar la visibilidad fascista. No obstante, en ese litigio los poderes públicos no han desempeñado un papel siempre neutral y a menudo se han mostrado más preocupados por los bancos o inmobiliarias apedreadas que por las cuchilladas o palizas de carácter racista o xenófobo. Debe recordarse que en un Estado de derecho no deberían tener igual trascendencia los ataques a la propiedad que a la vida, la integridad física o la libertad”.
Por su parte, Begoña Lalana, abogada madrileña que llevó la acusación particular en nombre de la familia de Aitor Zabaleta, el aficionado de la Real Sociedad apuñalado en 1998 por miembros de Bastión, hinchas fascistas del Atlético de Madrid, señala que “la policía y los jueces tienden, cuando se produce un atentado por parte de la extrema derecha, a limitarse a enjuiciar a su autor cuando no suele ser un hecho aislado de un señor; no se investiga al grupo, cómo se ha constituido y a qué se dedica”. Y, añade la veterana letrada, “si la policía hiciera bien su trabajo muchas veces las agresiones no llegarían ni a producirse. Si tienes conocimiento de que un grupo está organizando actos racistas, por ejemplo, lo puede atajar antes de que alguien llegue a sufrir algún daño. Lo más importante es prevenir y, como no se hace eso, tampoco se hace gran cosa a continuación”.
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