El pasado 21 de agosto el juez primero penal de Texcoco, Cervantes Juárez, dictó sentencia contra 11 integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco (FPDT) por los hechos violentos de mayo de 2006, cuando policías federales y estatales se enfrentaron con ejidatarios de esa localidad cercana a la Capital Federal.

Ignacio del Valle, líder del FPDT, fue condenado a 45 años de prisión por el delito de secuestro equiparado, lo que se suma a la condena de 67 años y seis meses que se le impuso anteriormente y que cumple en un penal de máxima seguridad del Altiplano. Para el resto de los vecinos acusados, un total de 31 años, 10 meses y 15 días de prisión. Como indican diversos organismos de derechos humanos y colectivos de izquierdas se trata de la venganza político- judicial por las luchas populares de Atenco, y un caso paradigmático de la grave situación que atraviesa México respecto a la violación de derechos humanos e impunidad. El país está inmerso en un debate sobre seguridad en un clima de secuestros, ajustes de cuentas y espiral de violencia, por parte de los grandes grupos narcos, la policía y el Ejército. El analista Víctor M. Quintana afirma que el Gobierno mexicano, “con el pretexto del combate a los delincuentes fabrica como tales a quienes disienten y protege a quienes violan las leyes y atropellan los derechos humanos. La ineficacia del régimen para combatir ‘los poderes fácticos’ ha sido directamente proporcional al empeño para reprimir y criminalizar la protesta social”.

Piden suspender las condenas Trinidad Ramírez, esposa de Ignacio del Valle, sostuvo que es una sentencia “criminal” y una vez más se demuestra que los poderosos hacen y deshacen a su antojo la justicia. Abunda en ello Giulia Tamayo, integrante de Amnistía Internacional: “Persiste la impunidad absoluta, pues se ha dejado en completa indefensión a las víctimas del caso”.

Juan de Dios Hernández Monje, abogado del FPDT, señaló que todas las pruebas presentadas por la defensa fueron desestimadas y denunció que “el propio juez ha dicho a uno de los familiares que la sentencia no la dictó él, sino que se la mandaron del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, lo que demuestra que se trata de una cuestión eminentemente política y no jurídica”.

Cientos de actos se han realizado por todo México en repulsa de esta condena, y movimientos sociales y colectivos de derechos humanos han pedido suspender la pena de cárcel Mientras, aunque siguen abiertos algunos juicios, ninguno de los responsables de los abusos de Atenco ha sido castigado.