A lo largo de 2007, se han recopilado más de 1.025 casos de torturas o malos tratos en comisarías, cárceles, centros de internamiento o en plena calle. Un aumento del 40% respecto a las denuncias recogidas el año anterior. Y la misma respuesta institucional: minimizar su práctica por funcionarios públicos. Éstas son algunas de las conclusiones del informe que la Coordinadora para la Prevención de la Tortura (CPT), integrada por más de 40 organismos de defensa de los derechos humanos de todo el Estado, presentará en Bilbao el 31 de mayo. El informe, que la CPT ultima, detalla caso por caso las circunstancias y situación procesal de cada una de las 695 denuncias documentadas. La propia CPT aclara que tiene información de 330 casos más, pero no los ha incluido en su investigación por petición de las personas afectadas o por estar todavía en fase de estudio.
Caso a caso
Los datos recopilados vuelven a mostrar la variedad del maltrato y la tortura aunque el grueso de las personas agredidas lo conforman activistas sociales, inmigrantes, personas privadas de libertad o detenidos bajo régimen de incomunicación antiterrorista. De las denuncias, el 39,6% provienen de activistas de diferentes movimientos sociales (un total de 285 denuncias), un 11,1% son inmigrantes (80 denuncias), un 9,9% personas presas (71 casos) y un 4,4% provienen de detenidos bajo incomunicación antiterrorista (32). Desde los centros de menores, llegan nueve denuncias, un 1,2% del total.
Entre los casos recogidos en el informe 2007 los hay que tuvieron gran repercusión como los abusos en la comisaría barcelonesa de Les Corts, donde cámaras ocultas registraron numerosos episodios de malos tratos. Pero hay muchos más casos. Al testimonio estremecedor de las torturas relatadas por Gorka Lupiañez, detenido en diciembre en Durango, se contraponen los golpes denunciados por un matrimonio de sordomudos, que fueron agredidos por policías locales de Sevilla que consideraron que les estaban insultando con el lenguaje de signos.
Las policías locales encabezan esta vez el ranking, con un total de 220 denuncias (un incremento del 54% respecto a 2006), seguidas por el Cuerpo Nacional de Policía, con 185 (disminución del 30% respecto al año anterior). En tercer lugar, con 128 denuncias, pero con un disparado crecimiento del 132%, se sitúa la policía autonómica catalana. Siguen los funcionarios de prisiones, que acumulan 73 denuncias y la Guardia Civil, con 66 y un aumento de los casos del 32%. La policía autonómica vasca, con 48 denuncias, experimenta también un 128% de crecimiento. Geográficamente, Cataluña vuelve a encabezar las denuncias conocidas, acumulando un cuarto del total, con 173 denunciantes relativos a 69 casos. Madrid con 119 personas denunciantes, Andalucía con 109, la Comunidad Autónoma Vasca con 84 –a las que cabe añadir las 23 de Navarra–, Galiza con 49, el Pais Valencià con 39 y las Islas Canarias con 33 completan el mapa de las denuncias.
Los datos recopilados por la CPT sitúan las muertes bajo custodia (en cárceles, comisarías, reformatorios, etc.) en un mínimo de 115 personas. Este triste saldo eleva a 558 las muertes producidas bajo custodia en el Estado español entre el 1 de enero de 2001 y finales del pasado año.
Visita del relator de la ONU
La CPT ultima esta semana las conclusiones, estadísticas y valoraciones definitivas sobre el año 2007. Para Jorge del Cura, lo más destacado “ha sido el significativo aumento de la interposición de denuncias respecto a años anteriores” y se queja de que las investigaciones siguen adoleciendo de “prontitud, eficacia e independencia”. Del Cura, portavoz de la CPT, resalta también “la no implementación, de forma reiterada, de los mecanismos estatales para la erradicación de la tortura al que el Gobierno español está obligado tras firmar y ratificar el nuevo Protocolo Facultativo de la OU en 2006”.
Por otro lado, Martin Scheinin, relator especial de la ONU para los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, visitó el Estado español entre el 7 y 14 de mayo pasados. Scheinin hizo públicas sus consideraciones provisionales y alertó de la preocupante deriva del sistema legal español que califica como “terrorismo” –con definiciones “vagas y amplias”– delitos que no lo son.
Scheinin señaló que “cuando se empieza a caer por esa pendiente se corre el riesgo de conculcar muchos derechos”. El relator solicitó, asimismo, la derogación del régimen de incomunicación de los detenidos y que se estudie el régimen especial de la Audiencia Nacional y su monopolio, en detrimento de otros tribunales, de los delitos de terrorismo. A juicio del relator esto conculca derechos y crea deficiencias estructurales –no permite la posibilidad de recurrir ante un tribunal superior– en el funcionamiento democrático de la Justicia.
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