En sus críticas, la UE también solicitó información sobre las exenciones a Roma, capital que Italia comparte con el Vaticano. En 2006, con la última ley de presupuestos de la era Berlusconi, el Gobierno aprobó desgravaciones fiscales para los inmuebles de la Iglesia, una medida de carácter puramente electoral, pero que el actual ejecutivo de centro-izquierda no ha pensado suprimir. Según la norma, los inmuebles de la Iglesia que no tienen carácter exclusivamente comercial están libres del pago de impuestos locales sobre la propiedad inmobiliaria. Es suficiente que una iglesia esté pegada al mismo edificio comercial (cine, hotel, tienda, restaurante...), para que el impuesto desaparezca milagrosamente.
En el punto de mira de Bruselas está también otra ley que concede desgravaciones fiscales de un 50% sobre la renta de las empresas eclesiásticas de carácter comercial (como por ejemplo colegios, academias o universidades de pago). Estas medidas comportan para Italia un coste presupuestario de más de 400 millones de euros al año. La Iglesia Católica en el país es una verdadera empresa líder en los sectores inmobiliario, turístico, sanitario y escolar. No hay estimaciones concretas de su patrimonio inmobiliario. Se habla de 100.000 edificios por un valor de entre ocho y nueve billones de euros. Sólo en Roma, curas y monjas gestionan 250.000 plazas para el turismo eclesiástico, que genera una facturación de cinco billones al año.
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