La reforma del sistema sanitario estadounidense fue un punto central en la campaña electoral de Barack Obama. En noviembre de 2009, la Cámara de Representantes aprobó una versión del anteproyecto de ley para una reforma, que fue seguida por la aprobación de la versión del Senado el pasado 24 de diciembre, en esta cámara los demócratas acaban de perder la mayoría absoluta. Si bien no se conocerá el proyecto definitivo hasta que finalice la negociación entre ambas cámaras (que ahora deberán armonizar ambos textos en uno sólo o ponerse de acuerdo en aprobar una de las dos versiones), la posibilidad de un plan público de salud para el pueblo estadounidense ya ha quedado descartada, lo que podría explicar parcialmente la decepción de buena parte de las bases y votantes del partido demócrata. La sanidad universal, promesa electoral de Obama muy aclamada por buena parte de los medios de comunicación, se convertirá finalmente en una obligación jurídica de comprar un producto privado: la ciudadanía deberá adquirir uno de los seguros médicos que ofrecen muchas de las compañías aseguradoras que operan en el país. Todo ello a pesar de que Obama y el vicepresidente Biden se expresaron en contra de esta medida hace un año. A partir de ahora, quien no obtenga una póliza médica recibirá una multa.
El Gobierno de EE UU ha renunciado también, como explica el catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas Vincenç Navarro, a la medida muy popular de financiar la reforma con los impuestos sobre los grupos más pudientes. Gana terreno, por el contrario, la propuesta republicana de que la expansión de la cobertura a las personas sin prestaciones médicas se realice a base de aumentar los impuestos de los trabajadores que tenían un aseguramiento colectivo, lo que penaliza a los colectivos de trabajadores mejor organizados.
Enemigos de lo público
En el único país industrializado del
mundo que sigue sin contar con una
asistencia sanitaria universal, los
conservadores y las aseguradoras,
que con la reforma verán ampliado
su mercado, se han opuesto de manera
ferviente a la opción pública,
que temen pueda servir de ‘caballo
de Troya’ para sustituir el modelo actual
de pagadores múltiples por un
modelo de pagador único (single-payer),
un seguro social universal. Este
último, que viene siendo reivindicado
desde hace tiempo por diferentes
asociaciones de profesionales médicos
y colectivos de los movimientos
sociales, ha pasado a ser un tema del
que los políticos han evitado hablar
durante los meses que ha durado el
debate de la reforma sanitaria. En
mayo de 2009, ocho activistas fueron
detenidos durante una vista que celebraba
la Comisión Financiera del
Senado sobre la reforma sanitaria.
Esta vista incluía un panel de invitados
de 41 expertos, entre los cuales
no se encontraba ningún representante
de las asociaciones médicas
que defienden el sistema de pagador
único, a pesar de que habían solicitado
una invitación de forma insistente.
El suceso ha pasado a ser conocido
como el caso de Baucus 8.
La OMS, en su Informe sobre la salud en el mundo 2000 - Mejorar el desempeño de los sistemas de salud, dice que los objetivos de los sistemas sanitarios deben ser la buena salud, la receptividad ante las expectativas de la población y una contribución financiera justa. Sin embargo, en EE UU cada año mueren 100.000 personas por no poder sufragar los gastos de los servicios sanitarios, según un estudio de la Universidad de Harvard. Unos 47 millones de estadounidenses carecen de cobertura médica por ser rechazada por las compañías aseguradoras, por no poder pagar una póliza privada o por no cumplir con suficientes requisitos para entrar en uno de los programas médicos que ofrece el Estado a determinados grupos. Un dato más: la bancarrota por el alto precio de las facturas médicas conforma la primera causa de quiebra personal.
A la hora de intentar explicar el motivo de estos datos en el país que es considerado primera potencia económica, la mayoría de expertos no dudan en señalar hacia el poder de las compañías de seguros privados, que mueven un negocio de 400.000 millones de dólares al año. Las mismas compañías que controlan el sistema sanitario invierten también grandes sumas de dinero para financiar las campañas electorales de los candidatos (seis millones de dólares en el caso de la campaña de Barack Obama). Hace unos días aparecía en los titulares de varios medios de comunicación la decisión del Tribunal Supremo de eliminar restricciones en la financiación privada de las elecciones, por lo que no resulta difícil interpretar que la influencia de este sector seguirá creciendo, no sólo en la financiación de las carreras políticas sino además ejerciendo presión como potentes lobbies.
Si eres ’pobre’
Si puedes demostrar, según
los requisitos del Estado,
muy bajos ingresos los planes
públicos principales
son Medicare y Medicaid:
para personas mayores de
65 años (con suficiente historial
laboral), personas con
alguna discapacidad, indígenas
y nativos de Alaska,
en algunos casos.
Como empleado
Seguro privado costeado (total o
parcialmente) por el empleador:
para personas empleadas por
cuenta ajena, según la antigüedad
en el puesto y el tipo de
contrato. No todos los empleadores
lo ofrecen. Suele tratarse
de una cobertura general (con
‘agujeros’ según las necesidades
de cada persona) y se cancela
al perder el empleo.
Autónomo
Seguro privado abonado
de forma individual: para
trabajadores autónomos y
personas que no entren en
las categorías anteriores.
La póliza aseguradora
debe antes valorar y aprobar
si el posible cliente es
aceptable, según su edad,
sexo e historial clínico,
entre otros requisitos.
ENTREVISTA // CLAUDIA CHAUFAN, DEL GRUPO DE MÉDICOS PARA UN PROGRAMA NACIONAL DE SALUD
Más de 17.000 profesionales de la salud defienden desde 1989 en Médicos para un Programa Nacional de Salud un seguro social universal y público.
Claudia Chaufan es médica, socióloga y vicepresidenta de la Alianza de Médicos de California, la división californiana del grupo Médicos para un Programa Nacional de Salud (Physicians for a National Health Program), una organización de 17.000 médicos, estudiantes y profesionales de la salud que desde 1989 defienden un seguro de salud universal, público y sin fines de lucro.
DIAGONAL: ¿Cómo se explica que
el gasto en sanidad de EE UU duplique
el de otros países industrializados
y, sin embargo, esté a la cola de
estos en la media de esperanza de
vida y cuente con los índices más altos
en mortalidad infantil?
CLAUDIA CHAUFAN: El sistema
actual es un modelo de pagadores
múltiples con fines de lucro: es decir,
se dan servicios médicos a través
de las compañías aseguradoras.
El motivo principal por el que hay
un gasto en salud tan elevado son
los gastos administrativos excesivos
y la burocracia. Cada paciente tiene
un tipo de seguro distinto. Cada seguro
conforma un grupo de papeles
diferentes y cada médico debe negociar
con cada aseguradora para
poder justificar lo que recomendó a
cada paciente. Todo este papeleo es
lo que llamamos gasto administrativo.
El sistema estadounidense gasta
de 30 a 40 centavos por dólar moviendo
papel. Otro motivo es que
aquí se pagan los precios más altos
del mundo por unos servicios que
en otras partes cuestan mucho menos.
Los médicos y hospitales se han
convertido en empresarios.
Algunas personas tienen un seguro
privado a través de sus empleadores.
Otras compran un seguro de
forma individual. El 62% de la gente
que se declara en bancarrota lo hace
por culpa de los servicios médicos.
Lo más interesante es que de
ese 62% que se declara en quiebra,
el 78% tiene un seguro de salud. El
problema es que el seguro no cubre
suficientes necesidades porque está
lleno de agujeros.
D.: ¿Qué es lo que impide que se
pueda implantar el modelo de asistencia
sanitaria universal, de un pagador
único y público, conocido como
sistema single-payer?
C.CH.: Hay que seguir el trayecto
que recorre el dinero y ver dónde
va a parar el de las aseguradoras y
las compañías farmacéuticas: a los
bolsillos de los legisladores, de los
senadores y del presidente. Obama
era un activista comunitario que defendía
el modelo de pagador único.
Cuando consiguió el Senado, la
Cámara de Representantes y la
Casa Blanca, cambió de idea. Entre
otros motivos, porque las corporaciones
multinacionales le han dado
dinero, a él y a los legisladores de
su partido. Y los políticos clave en
todo este debate de reforma sanitaria,
nombrados por el presidente
para, por ejemplo, presidir los comités
donde se decide el destino de
millones de personas, como el senador
Max Baucus, han recibido
sumas millonarias del lobby medico-
farmacológico. Y en este país todo
esto es legal.
D.: ¿Se puede entonces decir que los
anteproyectos de ley que se han
aprobado hasta ahora beneficiarán
más a las compañías aseguradoras
que a la población?
C.CH.: Totalmente. Esto no es un
derecho a la salud. Esto es venderse
a las compañías aseguradoras porque
les garantizan millones de clientes.
Quien no quiera o pueda comprar
una póliza tendrá que pagar
una multa. Dicen que darán subsidios
a quien no pueda comprar un
seguro, pero esos subsidios vendrán
de los impuestos. Lo van a sacar de
un bolsillo para dártelo en el otro.
Además, habrá que probar que se es
suficientemente pobre para no poder
pagarlo. Habrá que ir a un tribunal,
con un abogado, para demostrar
que no se puede pagar. ¿Pero si
no tienes dinero para pagar un seguro,
cómo vas a pagar a un abogado?
Es maquiavélico. Te pone entre
la espada y la pared.
Lo interesante es que los políticos
en este país han convencido a muchos,
aunque no tantos como la
prensa oficial quiere hacerte creer,
de que los problemas sociales se resuelven
yendo de compras, como si
lo que faltase fuese competitividad.
Además, las personas empleadas
por cuenta ajena no podrán elegir
su seguro sino que tendrán que conformarse
con el seguro que escoja el
empleador, con las características
de la cobertura que elija éste, que es
la situación que ya se estaba dando.
Y si pierden el empleo, se quedarán
sin ese seguro médico y tendrán que
salir de compras.
La propuesta de los demócratas ha
sido mantener el sistema cuya base
es el seguro de salud con fines de lucro
para cubrir necesidades básicas.
Obama dice que al final lo han dejado
así para que te puedas quedar con
tu plan si te gusta. Lo que no dijo es
que si no te gusta, tendrás que quedártelo
igual. No hay elección. Esa
explicación no me convence. Se trata
de un paso atrás en el derecho a la
salud: las aseguradoras tienen un poder
económico, ergo, un poder político,
extraordinario en este país.
D.: ¿Cómo afecta que no se
lleve a cabo esta reforma
del sistema sanitario a la
salud y los derechos de las
mujeres?
C.CH.: Dentro de las reformas
y cambios que se
están introduciendo, el
aborto ha quedado explícitamente
fuera de ellas.
Las mujeres, durante la
época reproductiva, tenemos
más gastos que los
hombres. Ahora, por ley,
las aseguradoras no
podrán cobrar más por ser
mujer. Pero los gastos que
no entren en el paquete
básico se los tendrán que
costear las mujeres de
todos modos. El hecho de
que una necesidad no
entre en el paquete no significa
que no vaya a existir
esa necesidad. Las mujeres
siempre salen mal
paradas con estas cosas,
sobre todo las mujeres
pobres, porque las mujeres
de una cierta condición
económica nunca
dejaron de practicar una
interrupción voluntaria del
embarazo o atender sus
necesidades, sean las que
fueren. Este país tiene un
índice de embarazos no
deseados mucho más elevado
que el europeo porque
prohíbe que el dinero
público se destine a programas
de educación
sexual, a menos que sólo
hablen de abstinencia.
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