El proyecto de Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información (LISI), que actualmente se encuentra en tramitación parlamentaria y destinada al comercio electrónico y servicios digitales está sirviendo para introducir de ‘tapadillo’ nuevas reformas en materia audiovisual sin necesidad de que éstas pasen por el Consejo Asesor de las Telecomunicaciones, el Consejo de Estado y la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Con el proyecto de Ley Audiovisual congelado y sin tiempo para aprobar nuevos proyectos en esta legislatura, el PSOE ha colado mediante la introducción de enmiendas a la LISI medidas para regular servicios de difusión, como la radio por satélite y la TV de movilidad (telefonía móvil) y la exigencia de ‘título habilitante’ (licencia) para poder transmitir. La repercusión mediática ha propiciado que se retiren algunas penas, como las sanciones de entre 60.000 y un millón de euros por “prestación de un servicio de radio y televisión sin título habilitante” o que entidades de gestión de derechos de autor pudieran lograr el cierre cautelar de un medio o servicio sin necesidad de esperar sentencia judicial. Mientras tanto, los medios de comunicación comunitarios intentan que se introduzcan enmiendas que les den algún respaldo jurídico, como el caso de las televisiones comunitarias que recogen la existencia de servicios no lucrativos, ante un panorama audiovisual cada vez más feo para las iniciativas ciudadanas.
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