La ONU pide medidas contra la tortura

PORRAZOS. Una mujer muestra los golpes propinados por la Policía el 27 de noviembre de 2007.

Tomar medidas para erradicar la tortura, suprimir el régimen de incomunicación, definir el terrorismo de manera restrictiva o asegurarse de que las detenciones y expulsiones de extranjeros respeten la ley. Éstas son algunas de las recomendaciones dirigidas al Gobierno español por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en un informe hecho público el 31 de octubre.

Este Comité, formado por 14 expertos de reconocido prestigio de todo el mundo, sometió a mediados de octubre en su sede de Ginebra al Estado español a un intenso escrutinio en el marco de su 94 período de sesiones. “El Comité es el más alto órgano de supervisión del Pacto Universal de Derechos Civiles y Políticos (pacto firmado por el Estado español en 1976), por tanto, la máxima autoridad para hacer un análisis global de la situación de estos derechos en un Estado. Son los derechos humanos que, de ser vulnerados, más deslegitiman a un Estado que quiere mostrarse como una democracia, como un Estado de derecho consolidado”, explica el abogado vasco Julen Arzuaga, que estuvo presente en estas sesiones. Pero pese a la relevancia del trabajo del Comité y a que ha abordado cuestiones de gran relevancia y actualidad, sus conclusiones no han tenido casi reflejo ni generado debate.

Será porque las cuatro páginas del informe (www2.ohchr.org- /english/bodies/hrc/hrcs94.htm) son una seria reprimenda: la mayor parte de las conclusiones están agrupadas bajo el epígrafe “motivos de preocupación”. Aunque el Comité muestra su satisfacción por algunas iniciativas, como por ejemplo los planes para “mejorar las condiciones de detención en las cárceles” con la construcción de nuevos centros o los planes de integración para los inmigrantes, varios de estos “aspectos positivos” son rápidamente objeto de recomendaciones para mejorarlos. Así, al respaldo del Comité a la Ley de Memoria Histórica le acompaña la reclamación de “derogar la Ley de Amnistía de 1977 y tomar las medidas legislativas necesarias para garantizar el reconocimiento de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad por los tribunales nacionales”. Otro tanto pasa con el reconocimiento de los esfuerzos por promover la igualdad de género. Pocos párrafos más tarde el Comité recoge su “preocupación por la persistencia de la violencia doméstica. Así como la falta de una asistencia adecuada”.

El silencio

“El lenguaje que utiliza generalmente el Comité es el de la diplomacia. Sin embargo, en este informe apenas utilizan expresiones de cortesía, el balance que hacen es de oscuros, sin apenas claros. No se puede negar que es contundente, urge a la acción”, sostiene Arzuaga. Por su parte la Coordinadora para la Prevención de la Tortura (CPT), que agrupa a 44 organizaciones del Estado español, valora que “este informe muestra el hartazgo de los expertos por el reiterado incumplimiento de las recomendaciones internacionales y por la inexistencia de avances”. Por lo pronto la recomendación nº 22 (“El Estado parte debe dar amplia difusión (...) a las presentes observaciones finales”) ya ha sido incumplida. Jorge del Cura, de la CPT, teme “la previsible respuesta del Estado: ‘no ver, no oír y callar’. Dejará pasar el tiempo y no hará nada que pueda desatar un escándalo, y en esta tarea cuenta con el apoyo, más o menos explícito, de la mayoría de las fuerzas políticas del Estado”. Esa valoración la comparte Gemma Ubasart, de la CPT, que asistió a las sesiones del Comité en Ginebra. “Que no interese al Gobierno informar no es extraño, pero que casi ningún medio de comunicación hable del tema es un hecho que tendría que hacernos reflexionar sobre la calidad informativa en nuestro Estado. De manera paralela, durante el mismo período de sesiones, el Comité evaluó también el nivel de cumplimento del pacto por parte de Nicaragua, Mónaco y Japón, despertando, como sería de esperar, un importante interés mediático”. Por su parte, Arzuaga cree “que la primera acción que ha tomado el Estado es la ocultación de este informe, lo cual indica la tendencia. Bien, ellos son quienes ponen en riesgo la credibilidad y legitimidad de su Estado”.

Pese a todo, Jorge del Cura valora que “informes como éste están sirviendo para que una parte no desdeñable de la sociedad civil, que hasta ahora se ponía de parte del Estado o no se enfrentaban al mismo en materias como la lucha contra la tortura, se replanteen su posición y comiencen a distanciarse del Gobierno”.