La victoria del empresario multimillonario Sebastián Piñera cierra un ciclo de 20 años en Chile en los que la hegemonía de la Concertación de Partidos por la Democracia ha sido indiscutible. Esta coalición, que aún agrupa a los partidos Demócrata Cristiano, Socialista, por la Democracia y Radical Socialdemócrata, se fundó en febrero de 1988 con vistas al plebiscito convocado por la dictadura militar a fin de decidir sobre la permanencia de Pinochet durante ocho años más en el poder. La emocionante derrota del tirano el 5 de octubre de aquel año, mérito del conjunto de las fuerzas democráticas, la impulsó a conquistar la Presidencia de la República en diciembre de 1989 con Patricio Aylwin como candidato, uno de los responsables del golpe de Estado de 1973, cuando era presidente del PDC.
Aylwin, quien contó también con el apoyo del Partido Comunista y de los movimientos de derechos humanos en aquellos comicios, concurrió con un programa de hondas transformaciones democráticas. Sin embargo, lo defraudó tempranamente, cuando frente a su compromiso de derogar el decreto ley de Amnistía de 1978 (piedra angular de la impunidad), acuñó, después de presentar al país el Informe Rettig por televisión (y entre lágrimas), el término “justicia en la medida de lo posible”, que, en la práctica, fue sinónimo de impunidad para los represores, hasta que se produjo la detención de Pinochet en Londres en octubre de 1998. La indeclinable lucha del movimiento de derechos humanos y de la izquierda empezó a dar sus frutos y se multiplicaron exponencialmente las querellas criminales y los procesos judiciales abiertos en Chile contra los esbirros de la tiranía, hasta el punto de que hoy los principales mandos de la siniestra Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) cumplen penas de cárcel por la desaparición de varios militantes de izquierda.
Otra de las grandes fallas de la Concertación ha sido su incapacidad para desmontar todo el andamiaje lastrado por la dictadura en las negociaciones que abrieron paso a la transición. Aún persisten la Constitución de 1980 (con aspectos tan controvertidos como la antidemocrática Ley Electoral binominal), el Código del Trabajo, que reduce a la mínima expresión los derechos del movimiento obrero, o la Ley Antiterrorista de 1985, que el Gobierno de Michelle Bachelet aplica brutalmente contra el pueblo mapuche en la Araucanía.
Y, por supuesto, aunque la Concertación ha reducido drásticamente la extrema pobreza que creó el modelo neoliberal impuesto sin piedad por la dictadura, no se ha distanciado ni un milímetro de sus principios rectores. Entrevistado el 14 de marzo de 2007 por El País, Arnold Harberger, fundador de la Escuela de Economía de la Universidad de Chicago, señaló: “Mi pregunta sería: ¿qué elementos de la política económica chilena cambiaría uno para hacerla mejor? Hasta ahora no tenemos respuesta. Estuve en Colombia el verano pasado participando en una conferencia y quien habló inmediatamente antes de mí fue el ex presidente Ricardo Lagos. Su discurso podría haber sido presentado por un profesor de economía de la Escuela de Chicago. Él es economista y explicó las cosas con nuestras mismas palabras”.
Las causas de la derrota
Con este balance, el candidato de la
Concertación, Eduardo Frei, fue derrotado
el 17 de enero por Sebastián
Piñera en la segunda vuelta de las
elecciones presidenciales. El 11 de
marzo Bachelet traspasará la banda
presidencial al propietario de la compañía
aérea LAN, del canal de televisión
Chilevisión y del club de fútbol
Colo-Colo (el más popular del país),
cuya fortuna se estima en más de mil
millones de dólares. Aunque Piñera
votó contra Pinochet en el plebiscito
de 1988, durante los próximos cuatro
años gobernará el país apoyado
esencialmente en la Unión Demócrata
Independiente, el partido ultraderechista
fundado en 1983 por
Jaime Guzmán (el principal ideólogo
de la dictadura militar), que hoy es la
primera fuerza política del país.
La elección de Piñera es una noticia pésima para América Latina, en primer lugar, porque la presidenta Bachelet ha jugado un papel interesante en la región: fue la primera mandataria chilena que visitó Cuba desde que en diciembre de 1972 lo hiciera Salvador Allende y condenó los intentos de golpe de Estado en Bolivia desde el eje de Unasur. Piñera, en cambio, es amigo personal de José María Aznar, del presidente colombiano Álvaro Uribe, cuya política de “seguridad democrática” dice admirar, y del escritor Mario Vargas Llosa. Pocos días después de la victoria, Piñera anunció su previsión de privatizar una parte de Codelco, la empresa pública de la gran minería del cobre (la principal riqueza del país), y uno de los jerarcas de la UDI, Jovino Novoa (actual presidente del Senado y ex viceministro de la dictadura), ha proclamado que deben concluir los juicios contra los represores.
Ante este escenario, la izquierda tiene un gran desafío. Su principal representante, el Partido Comunista, logró el 13 de diciembre poner fin a 20 años de exclusión del Parlamento al obtener tres diputados en virtud del acuerdo instrumental suscrito con la Concertación. Además, su candidato presidencial, el socialista allendista Jorge Arrate, obtuvo el 6,2% de los votos en la primera vuelta de las presidenciales. Por su parte, Marco Enríquez- Ominami, con apoyos que fueron desde sectores del MIR histórico hasta la derecha neoliberal, alcanzó el 20% y se propone ahora construir una fuerza política “progresista”.
El horizonte no invita al optimismo. La izquierda, demasiado atomizada, no tiene otro camino, a nuestro juicio, que la convergencia en torno a la oposición a Piñera para defender las conquistas democráticas alcanzadas durante estos 20 años y construir una alternativa unitaria que en un futuro cercano permita superar el modelo neoliberal y avanzar hacia una nueva Constitución que redefina la sociedad chilena, demasiado marcada, aún hoy, por la herencia del pinochetismo.
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