Uno de los puntos del programa del PSOE incluía la lucha contra la denominada lacra del deporte; y así ha sido, hasta el punto de que nunca antes habíamos visto en los medios de comunicación tantas noticias sobre deportistas presuntamente dopados. En lo que a legislación se refiere, sin contar la habitual publicación en el BOE de la lista de sustancias y métodos prohibidos, en estos cuatro años ha existido una gran actividad. Se ha aprobado una ley orgánica de protección de la salud y de lucha contra el dopaje en el deporte, con fecha 21 de noviembre de 2006; un real decreto por el que se determina la estructura, composición, funciones y régimen de funcionamiento de la Comisión de Control y Seguimiento de la Salud y el Dopaje; un real decreto por el que se regula el procedimiento para la imposición y revisión de sanciones disciplinarias en materia de dopaje; un real decreto por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia Estatal Antidopaje; y una ratificación oficial de la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte. Previamente se publicó un real decreto por el que se regulan la estructura orgánica y las funciones del Consejo Superior de Deportes (CSD), insistiendo en la lucha contra el doping.
Además, del 15 al 17 de noviembre de 2007 se celebró en Madrid la Conferencia Mundial Antidopaje. Y por si esto no fuera suficiente, Jaime Lissavetzky, secretario de Estado para el Deporte, fue elegido, el 5 de febrero de 2007, vicepresidente de la Convención Internacional contra el Dopaje, y firmó un convenio con el Ministerio de Justicia para hacer posible “la actuación y articulación de acciones contra el dopaje”. Demasiada obsesión con este asunto, es evidente.
El papel de Lissavetzky
La presidencia del CSD es, desde hace mucho tiempo, un cargo político con rango de Secretaría de Estado que con Lissavetzky ha llegado a su cota máxima de protagonismo. Considerando el volumen legislativo citado y los escándalos por doping hechos públicos, podemos afirmar, sin riesgo a equivocarnos, que ha tenido una notoriedad nunca antes vista. La carrera de Lissavetzky es amplia, pero se ha limitado casi exclusivamente al ámbito regional: consejero de Educación, Cultura y Deportes, secretario General de la Federación Socialista Madrileña, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid y senador. Entre los años 2000 y 2004 fue vicepresidente Segundo de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso, y tras la victoria del PSOE en marzo de 2004 fue nombrado secretario de estado para el Deporte (el 19 de abril de ese año).
Es fácil comprobar que el goteo (avalancha a veces) de noticias sobre el tema ha sido continuo: la Operación Gamma y la Operación Mamut, en 2004 y 2005, se cebaron con las presuntas redes de tráfico de anabolizantes relacionadas con los gimnasios. Dicho sea de paso, los asiduos a la musculación y el culturismo siempre han sido muy proclives al uso de sustancias ergogénicas, tanto químicas como naturales. Mientras no tenían problemas para conseguirlas en farmacias, el comercio ilegal era muy reducido, pero creció en gran medida cuando dejaron de estar disponibles.
A principios de 2006, dio comienzo la Operación Puerto, dirigida contra el mundo del ciclismo e instigada por el CSD, ante lo cual algunos medios denunciaron que no era más que un montaje político para lanzar la Ley Antidopaje en el Congreso. Tras una larga lista de escándalos, con deportistas, entrenadores, asistentes y médicos implicados, el 12 de marzo de 2007 el juez declaró “absolutamente inocentes” a todos los acusados. A pesar de ello, la Audiencia Provincial de Madrid ha decidido reabrir el caso en febrero de 2008, tras estimar un recurso de la Abogacía del Estado, posiblemente motivado por la proximidad de las elecciones generales.
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