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Periódico Diagonal

MÉXICO | ENTREVISTA A HERIBERTO SALAS, REPRESALIADO

“La represión de Atenco fue planeada por el Gobierno”

Sergio de Castro, Almoloya de Juárez (México)
Lunes 16 de octubre de 2006. Número 38
Heriberto Salas, destacado miembro del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDP), está imputado por las protestas en Atenco. Es un proceso judicial marcado, según los afectados y sus abogados, por los retrasos y las irregularidades.
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LOS VICTIMARIOS. Un manifestante de la marcha del pasado 2 de julio, convocada por La Otra Campaña, recordaba así la represión contras las mujeres de San Salvador Atenco / Giovanny Garrido / www.sub.coop

Tras las jornadas de represión y violencia que sufrió el municipio mexicano de San Salvador Atenco a principios de mayo a manos de las policías municipal, estatal y federal, un total de 216 personas fueron llevadas a prisión, acusadas, unas de ataques a las vías de comunicación y otras, además, de secuestro (ver DIAGONAL nº 30, 31, 32 y 33). La presión internacional y del plantón que desde el día siguiente a los hechos se instaló en la puerta del penal de Santiaguito consiguió que la mayor parte fuera puesta en libertad bajo fianza. Sin embargo, 36 permanecen en la cárcel. Tres de ellos en el penal de alta seguridad de La Palma. Heriberto Salas habló con DIAGONAL a las puertas del penal en el que había estado recluido, mientras policías de paisano vigilaban de cerca sus movimientos.

DIAGONAL: ¿Cuáles son los sucesos que les llevan a prisión?

HERIBERTO SALAS: El 3 de mayo, al ir al mercado de Belisario Domínguez, y tras un acuerdo con las autoridades según el cual retirarían a la policía y permitirían la venta de flores, cuando llegamos nosotros, estaba la policía allí. Cuando les dijimos que íbamos a poner los puestos, la contestación fue jalonear a las compañeras. Al tratar los compañeros de rescatarlas, la policía contestó con violencia y, al responder los compañeros, comienza la primera agresión fuerte de la policía. Cuando nos replegamos para curar a los heridos, nos rodearon la casa y nos tuvieron secuestrados a Ignacio del Valle y otros. Por televisión vimos la llegada de la policía para romper un corte de carretera demandando nuestra libertad y una respuesta ante el no cumplimiento del acuerdo del día anterior. Pero mandaron poca policía con reporteros al frente, lo cual permitió que los compañeros contestaran la agresión. Los medios pasaron repetidamente la imagen de un compañero pateando las partes nobles de un policía y reclamaron al gobernador enviar más policía y más mano dura. Ahí fue que comenzó la verdadera agresión al pueblo de Atenco. El Gobierno ya había tomado algunas medidas para medir cuál era la fuerza del FPDT y el momento de poderlo agredir y desbaratar. Los hechos de principios de mayo fueron totalmente preparados. Cuando nosotros estábamos secuestrados en la casa, supimos por boca de uno de sus funcionarios que el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, llegó a reunirse con el recién elegido diputado distrital de Texcoco, que por cierto es del Partido de la Revolución Democrática (PRD). En esa reunión, Wilfredo Robledo (director de la policía estatal) había dicho que si no lo dejaban actuar, en ese momento renunciaba. Él mismo ha reconocido que este operativo lo organizó conjuntamente con la policía municipal y federal, pero por mandato de Peña Nieto, como él mismo reconoció. Y todo con la finalidad de desbaratar al frente.

D.: ¿Por qué el Gobierno planeó esa trampa?

H.S.: Atenco representa la dignidad y la lucha del pueblo por la defensa de lo suyo. Al Gobierno [federal] no le gustó que al principio del sexenio Atenco echara abajo el mayor de sus proyectos, ya que consiguió lo que casi nadie: derrotar al Gobierno en una imposición de un decreto expropiatorio (de las tierras donde se iba a construir el nuevo aeropuerto de Ciudad de México). Además, está el hecho de que también se haya afectado a los intereses de los grandes capitales internacionales que iban a participar del Plan Puebla Panamá, parte de cuya infraestructura era precisamente el nuevo aeropuerto. El que decidiéramos adherirnos a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona también nos señaló ante el Gobierno.

D.: ¿Cómo se está desarrollando el juicio contra ustedes?

H.S.: Por ejemplo, hoy debían rendir declaración los policías que nos están acusando de los delitos que nos fabricaron. Estaban citando sólo a cinco individuos cuando son más de 50 los policías. Legalmente su testimonial debe ser conjunta. Si lo hacen de cinco en cinco, además de que se prolonga el proceso, pueden ponerse de acuerdo en sus declaraciones, ya que los abogados les hacen a todos las mismas preguntas. Además, no se presentaron los policías, por lo que nosotros nos hemos reservado el derecho de no declarar porque al no haber declarado ellos todavía, no sabemos de qué se nos está acusando.

D.: ¿Cuál es la causa por la que el juez está permitiendo que el proceso se retrase de esta manera?

H.S.: Nosotros creemos que hay consigna del Gobierno del Estado de México. Se nos acusa de violentar el Estado de derecho, pero son ellos los que lo están haciendo desde el principio: nos detuvieron sin una orden de aprehensión, entraron en nuestras casas sin orden de cateo, violaron a las compañeras... Se debe buscar y castigar tanto a los autores materiales como intelectuales de estos hechos. Además, desde que empezaron a tomar las declaraciones preparatorias lo hicieron violentando la ley. Según ésta, tienen 48 horas para imputarnos un delito y dictar auto de formal prisión. Pero ellos nos fabricaron el delito de delincuencia organizada para poder ampliar este término a 96 horas, acusación que, acabada esta maniobra, nos retiraron. Las declaraciones preparatorias nos las intentaron hacer el día 8 de mayo sin estar presentes nuestros abogados. Se nos sacó a las dos de la mañana para venir aquí al juzgado a rendir nuestra declaración. Tras ello, el gobernador ordenó que se nos impusiera una fianza de interés social (cosa que nunca se hace con supuestos delincuentes) que nos permitiera enfrentarnos al juicio en libertad. Pero para acceder a ella debíamos renunciar a nuestros abogados y tomar lo que ellos nos dieran. Lo hicimos, pero en cuanto salimos volvimos a trabajar con nuestros abogados.

D.: ¿Ha habido otras acciones por parte del juez encaminadas a retrasar el proceso?

H.S.: Sí, han pospuesto el juicio hasta en dos ocasiones debido a que, según ellos, las copias de los documentos que presentábamos eran ilegibles. Nos cambiaron el juez y a la semana de llegar el nuevo, se va de vacaciones, y al regresar cambia a todo su personal administrativo, que tuvo que leerse de nuevo todo el expediente. Y ahora vemos que la gente que ha de presentarse a declarar no lo hace. El proceso está viciado, está amañado.

“La autoridad quiere escarmentarnos”
D.: ¿Qué finalidad tiene el retraso del juicio?

H.S.: La autoridad quiere mantener a nuestros compañeros presos y escarmentar al movimiento para que deje de luchar por los derechos que hemos estado reclamando. Pero nosotros vamos a seguir organizándonos y a seguir luchando por la tierra y apoyando a otros movimientos. El Estado ha criminalizado a todos los movimientos sociales. Para ellos, defender nuestros derechos es violentar el Estado de derecho que nos quieren imponer. Para ellos el Estado de derecho es que nos dejemos robar con el fin de poner algún corredor industrial o algún otro proyecto trasnacional despojándonos de la tierra. Para ellos un decreto supone la legalidad para poder robarnos lo que tenemos. Cuando luchamos nos dicen que somos unos violentos, cuando es el Gobierno, tanto a nivel municipal como estatal y federal, el que ha provocado la violencia. Eso está ocurriendo en muchos lugares de México y han quedado impunes. Están violentando el Estado de derecho que ellos, supuestamente, tanto han defendido.

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Portada número 174
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Boletín radiofónico Diagonal 150
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