Las declaraciones, este verano, de diferentes responsables de Comunidades Autónomas y del Gobierno central a favor de acelerar las repatriaciones de menores extranjeros no acompañados, han vuelto a encender las alarmas de las organizaciones de defensa de los derechos humanos. Acusan a las administraciones de buscar deshacerse de ellos en vez de protegerlos.
Desde 2002, numerosos organismos internacionales -ONU, Unicef, Consejo de Europa, diversas ONG- además de entidades del Estado español -Defensor del Pueblo, asociaciones solidarias, etc.-, vienen criticando regularmente a las diferentes administraciones españolas por no respetar los derechos de los menores extranjeros no acompañados bajo su tutela. Las críticas se centran sobre todo en las llamadas repatriaciones para la reagrupación familiar, un eufemismo para las expulsiones de menores, según denuncia SOS Racismo. Pese a ello, cada vez son más las Comunidades -la protección del menor es una competencia autonómica- que apuestan por ellas. Recientemente, la Junta de Andalucía ha anunciado que 988 menores marroquíes, hasta ahora acogidos en el Sistema de Protección Andaluz, serán devueltos a su país de origen.
El Gobierno central está poniendo todas las facilidades. El 13 de julio, Consuelo Rumí, secretaria de Estado para la Inmigración, anunció “tres acuerdos de repatriación asistida para menores no acompañados con Rumanía, Senegal y Marruecos”. Días antes, en el marco de la IX reunión hispano-marroquí sobre inmigración, en Toledo, ambos gobiernos se habían comprometido a una mayor cooperación en materia de menores. Tal y como el Gobierno español quería, se avanzaba en la aplicación del protocolo firmado con el régimen alauita en diciembre. Esto permitía a Rumí anunciar que los expedientes de los menores extranjeros no acompañados (MENA) en Andalucía serían estudiados con rapidez por los consulados marroquíes, como parte de las instrucciones dadas por dicho Gobierno para agilizar los tramites de repatriación.
Sin embargo, según datos oficiales, en la comunidad andaluza -que alberga la mayor cantidad de MENA del Estado, 762 en 2006- la llegada de menores extranjeros se ha reducido durante los seis primeros meses del año en un 12% respecto a 2006. Los MENA empezaron a ser considerados como un problema de las políticas migratorias del Gobierno en 1999, aunque hasta diciembre de 2003 no se firmaba en Madrid el memorandum de entendimiento hispano- marroquí (de ese país proceden la mayoría de estos menores) para la repatriación asistida. En 2004 ambos gobiernos acordaron la repatriación de 563 menores, pero sólo 81 fueron devueltos a Marruecos. A primeros de 2005, se produjeron además expulsiones indiscriminadas en la frontera de Ceuta y Melilla. Las denuncias de malos tratos, torturas e incluso violaciones, sobre todo por parte de la policía marroquí, llegaron hasta la ONU. La respuesta de las administraciones españolas implicadas fue, según un abogado conocedor de esta problemática, la elaboración de una metodología común -mayor coordinación entre las administraciones implicadas-, pero sobre todo la búsqueda de un interlocutor válido para hacerse cargo de los menores que no fuese la policía marroquí.
Como ni las familias ni las instituciones de menores alauitas podían hacerse cargo -este tema no responde a las prioridades de las políticas públicas de protección de Marruecos-, las administraciones optaron por exportar los centros de acogida españoles. Así, desde 2005 se están construyendo cuatro centros y cuatro pisos de acogida financiados en buena parte con fondos europeos o con fondos para el desarrollo y la cooperación, y promovidos por el Gobierno central, la Comunidad de Madrid y la Generalitat de Cataluña (ver recuadro). Canarias planea abrir su centro y Andalucía está en negociaciones para abrir otro más. El 5 de septiembre, el grupo del PP en la Juntas Generales de Bizkaia presentó una propuesta para la puesta en marcha de un centro de acogida para menores de 14 años en Marruecos donde devolver a los que quedaran bajo la responsabilidad de las instituciones vizcaínas.
Pero la “externalización” de los centros de acogida no va a resolver el problema de los MENA. Para Mercedes Jiménez, que ha estudiado la situación de estos menores, “la creación de estos centros será una forma de confirmar a los menores en su imaginario de que ‘tienes que emigrar para existir, para que tengas en tu propio país derechos que nunca tuviste antes’ y por lo tanto, una forma de propiciar la propia migración de otros menores”. En un informe de 2006, la UNICEF desaconsejaba la creación de centros de reagrupamiento de MENA repatriados, ya que fomentarían las repatriaciones sin “garantizar por ello la salvaguarda de los intereses del menor”. Esto, si no se duda directamente de la viabilidad de estos proyectos, donde la contraparte marroquí, en la mayor parte de los casos, la Entraide Nationale, no cuenta con medios para garantizar un adecuado funcionamiento de los centros. Por su parte, el SEFEPH marroquí, máxima entidad en política de protección, se desentiende de estos centros. Además, sigue vigente la ley de noviembre de 2003 sobre la migración irregular, que castiga con multas y/o prisión a quien abandone el territorio marroquí ilegalmente, y que se aplica a los menores reagrupados.
“La reagrupación provoca la criminalización de estos menores, tratados como criminales”, se afirma desde el colectivo al-Jaima. Por otro lado, las asociaciones defensoras de los derechos del menor, basándose en los testimonios de los expulsados que vuelven a cruzar la frontera, insisten en que no se han resuelto los fallos en los procesos de expulsión de los MENA que incumplen flagrantemente la legislación vigente. Incumplimiento que, a principios de año, el Consejo General de Abogacía de España confirmaba al denunciar la falta de garantías en la repatriaciones.
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