La gestación de la Ley Audiovisual dista mucho de la realizada en otros países que desde hace décadas cuentan con una normativa de este tipo o de procesos como el argentino, que generó intensos debates y expectación, donde se modificó una legislación proveniente de la dictadura ver DIAGONAL nº117.
En el Estado español la tramitación de la Ley en el Congreso ha seguido la pauta marcada desde Moncloa: sin posibilidades prácticas para el debate. El PSOE, que tenía la ley pactada con CiU y CC, ha forzado los plazos para su aprobación y ha eludido su votación en el pleno del Congreso. Apenas se han recogido propuestas de calado del resto de grupos que han sido muy críticos con la forma de tramitación de la Ley. Estos grupos consiguieron, tras amenazar con un insólito plante, retrasar la fecha de la votación de la Comisión al 7 de enero, ya que ni habían tenido tiempo para analizar las 600 enmiendas presentadas.
En unas semanas el Congreso ha finiquitado una normativa esperada durante décadas [ver DIAGONAL nº24]. La Ley ha pasado casi desapercibida entre la aprobación de los presupuestos generales y la polémica con el Anteproyecto de Ley que propone el cierre de webs. El portavoz del PSOE, Oscar López, justificaba las prisas por la proximidad del apagón analógico. Pero la Ley no hace referencias al apagón del 3 de abril, fecha en la que caducan las concesiones a las televisiones privadas de cobertura estatal, y verdadero motivo de las prisas. El Gobierno socialista está en plena sintonía con las patronales de radio (AERC) y televisión (UTECA), al igual que en otros cambios legislativos de 2009: retirada de la publicidad de RTVE, autorización para la TDT de pago y fusión de televisiones, medidas también tramitadas con prisas y sin debate. Así, parte del contenido de la Ley Audiovisual ya estaba definido previamente. Otros temas clave que recoge la Ley son la liberalización de la radio y televisión para vender o alquilar licencias. Se apuesta por la autorregulación de los medios, apenas se recogen obligaciones para los operadores privados, salvo la inversión del 5% en cine y los mínimos exigidos por la Directiva Europea de Servicios Audiovisuales. Se crea un Consejo Audiovisual, meramente consultivo, y se reconoce a las emisoras comunitarias aunque de forma deficiente.
Sin grandes cambios en el Parlamento, las modificaciones más significativas han sido medidas para evitar la privatización de las televisiones públicas autonómicas y la reducción de 29 a 19 minutos de publicidad permitidos por hora. También se han retomado viejos temas como el cierre de las emisoras “piratas” o la posibilidad de que TV3 emita en la Comunidad Valenciana. La Ley debe seguir su curso ahora hasta el Senado donde no se esperan grandes cambios, mientras diversas organizaciones preparan movilizaciones.
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