Fuera del debate queda la subida del tipo impositivo de las Sociedades de Inversión de Capital Variable, que actualmente se sitúa en el 1%, la persecución del fraude y la regulación de los paraísos fiscales.

Desde que Pedro Solbes descansa en los cuarteles de invierno muchos dirigentes del PSOE han sacado de paseo el discurso sobre la conveniencia de un aumento de los impuestos a las grandes fortunas. Las más comedidas, las vicepresidentas Teresa Fernández de la Vega y Elena Salgado, han sido las encargadas de poner el cascabel a la reforma fiscal. La primera anunciaba que ésta será “moderada, prudente y limitada en el tiempo”. Por su parte, la ministra de Economía explicó que, si el Gobierno pudiera bajar los impuestos lo haría, “como hemos hecho desde que gobernamos”. Posteriormente, en el pleno del Congreso sobre las consecuencias de la crisis, Rodríguez Zapatero expuso que las reformas fiscales no afectarán a las rentas del trabajo, aunque parece probable que, si se retira la deducción de 400 euros en el IRPF (algo que aportaría 4.000 millones adicionales al Estado) sí se verán afectadas dichas rentas.

El presidente, sin embargo, no detalló qué impuestos subirán, aunque sí se comprometió a que los Presupuestos Generales para 2010 serán “los más austeros de los últimos años”. Unos días después, Salgado concretaba que el Ejecutivo estudia la posibilidad de subir el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Los economistas coinciden en que hay recorrido para modificar este impuesto, que ahora se sitúa por debajo de la media europea, y que podría aportar aproximadamente 460 millones de euros a las arcas del Estado si se sitúa un punto por encima del actual 16%. En cualquier caso, la suma está lejos de los 15.000 millones que pretende recaudar el Gobierno, por lo que son necesarios otros incrementos, que podrían aplicarse tanto a impuestos indirectos y especiales (tabaco, alcohol, etc.) como a las rentas del capital, aunque a medida que han pasado las semanas parece más improbable que el giro se produzca hacia una mayor progresividad de los impuestos. Si, por el contrario, se suben impuestos como el IVA, apuntan desde Attac, se estará ahondando en la regresividad del sistema tributario, es decir, el dinero saldrá de todos independientemente de su patrimonio.

¿Dónde va el gasto público?
El economista Julio Rodríguez cree que el Ejecutivo se está moviendo “en el terreno del pragmatismo fiscal” después de que en la legislatura anterior eliminase el Impuesto sobre el Patrimonio y de que casi desaparecieran los tributos sobre sucesiones y donaciones. Con la próxima reforma fiscal el Gobierno trata de hacer de la necesidad virtud, considera Rodríguez, quien estima que la subida de impuestos será mejor aceptada por los contribuyentes si se presenta “con una mayor racionalización del gasto público y una política económica más coherente”.

Para Daniel Vila, presidente de Attac-Madrid, la consigna de Gobierno y oposición en cuanto a la tributación es idéntica: “No tocar los impuestos ni tocar el gasto, y resolver los problemas con mucho más endeudamiento, de forma que sean las próximas generaciones las que paguen”.

Vila advierte que el gasto público no explica por sí solo la necesidad de un cambio fiscal si no se exige mayor control a las administraciones públicas. Hay que diferenciar, apunta Vila, “si el endeudamiento se destina a salvar los negocios financieros o a la corrupción bancaria, o si va en busca de, no sólo resolver el problema urgente de gente sin recursos, sino también destinar el gasto a servicios públicos de calidad”.

La reforma del Gobierno viene marcada por la magnitud del déficit público, que en los primeros siete meses del año ha supuesto un 4,69% del PIB, casi 50.000 millones de euros. Pero las medidas también atienden a la realidad de que la deuda privada se sitúa entre las más altas de la UE y supera en un 240% el Producto Interior Bruto. Ante esto, la idea de presionar a las empresas parece descartada por el Ejecutivo, en vista de las dificultades que atraviesan muchas de ellas. También ha quedado fuera del debate una reforma de la tributación de las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV), en palabras de Vila una trinchera de los capitales para no pagar impuestos. Para comprender cómo funcionan estas sociedades, este miembro de Attac pone un ejemplo gráfico: “Las SICAV son un paraíso fiscal interior, por eso es falso el discurso de Salgado cuando dice que no se gravan para que ese dinero no se vaya a los paraísos”.

Tampoco parece que en la agenda de PSOE y PP haya sitio para abordar la coordinación internacional contra la deslocalización de capitales en paraísos fiscales o la regulación de los negocios entre empresas y bancos con los centros offshore. En este sentido, desde Attac denuncian que, con vistas a la próxima presidencia española de la UE, no entra en los planes del Gobierno tratar de detener la fuga de capitales, ni valorar la posibilidad de implementar la conocida como “tasa Tobin”, que serviría para mitigar significativamente el fraude financiero a gran escala que ha marcado las últimas décadas.

Las SICAV, un regalo a los más ricos
Las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV) son un mecanismo no demasiado conocido para la optimización de beneficios de los grandes patrimonios basado en la escasa tributación. Se trata de instituciones colectivas cuyo fin es la inversión en mercados financieros. Al tratarse de sociedades que agrupan a un mínimo de cien socios, las SICAV obtuvieron del Gobierno del PP el privilegio de tributar sólo un 1% de sus rendimientos de capital allí donde cualquier otra persona tributaría un 18%.

La realidad es que son los instrumentos de inversores individuales que se valen de testaferros, conocidos como “mariachis”, para aligerar su carga tributaria. Las principales SICAV españolas están encabezadas por Alicia Koplowitz (Morinvest), la familia Del Pino (Allocation) o Amancio Ortega (Keblar Inversiones).

El 75% de los empresarios, mileurista
El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) supone casi la mitad de los ingresos asociados a la tributación que recibe el Estado, mientras que el IVA supone el 27,4% de lo recaudado y los impuestos especiales el 13,3%.

Se calcula que hay aproximadamente 16 millones de declarantes de IRPF en España, el tipo máximo de pago es de un 43%, un porcentaje en la media europea y por encima de países como Reino Unido o Estados Unidos. No obstante, como se supo recientemente, el 75% de los empresarios españoles declaran en el mismo tramo impositivo que un mileurista, es decir que declaran por unos ingresos inferiores a 17.361 euros anuales. Además, el Sindicato de Técnicos de Hacienda señala que sólo un 3,7% de la recaudación procede de aquellos que declaran ingresos superiores a 60.000 euros.