Menos de ocho meses. Ése es el tiempo que ha tenido el Gobierno de Evo Morales hasta encontrarse con los primeros intentos serios de desestabilizar el país y poner fin a su presidencia. Uno de los ataques más duros se vivía el pasado 8 de septiembre. En la ciudad de Santa Cruz, varios desconocidos lanzaban dos bombas incendiarias contra un edificio de la televisión pública Canal 7, uno de los pocos medios con los que cuenta el Gobierno del MAS en un paisaje mediático en manos de grandes grupos económicos hostiles.
El ataque tenía lugar en un momento especialmente tenso en la política boliviana. Mientras se debate una nueva Constitución para el país y la oposición intenta sabotear el proceso a través de la convocatoria de paros y movilizaciones, un viejo fantasma boliviano, el de la desintegración territorial, volvía a presentarse con fuerzas redobladas.
Tropas de choque
El motivo no es otro que los recursos naturales. Las elites económicas de Santa Cruz y del resto del este boliviano, donde se concentran las mayores reservas de petróleo y gas, han renovado sus demandas separatistas con vistas al proceso de nacionalización de los hidrocarburos.
Las formas de reclamar también se han extremado. “Sólo esperamos instrucciones para tomar las armas en defensa de la autonomía de Santa Cruz”, aseguraba recientemente la Unión Juvenil Cruceñista, una organización violenta e inspirada en los grupos fascistas de los años ‘30, que actúa como fuerza de choque de las reivindicaciones territoriales. Y su proyecto político no se conforma con poco. Se demanda la ‘Nación Camba’, la independencia y la gestión de los recursos. Todo ello, además, en una zona de Bolivia donde residen las principales familias de la oligarquía, descendientes de europeos y con actitudes racistas muy marcadas, cuyo nivel de vida supera con creces la media del país.
Política de elites
Valga un ejemplo para ilustrarlo. Mientras la renta per cápita boliviana apenas alcanza los 1.000 dólares por habitante al año, las elites cruceñas celebran una media de 200 concursos de belleza al año. Con escaso entusiasmo hacia las propuestas de reequilibrar las diferencias entre regiones ricas y pobres, desde Santa Cruz se han lanzado duras advertencias contra el Gobierno del MAS. De forma paralela a las actividades violentas, una organización empresarial, el Comité Cívico Pro Santa Cruz (CPSCZ) acapara cada vez más la escena política agitando la desintegración de Bolivia.
Pero la fuerza adquirida por estos movimientos está lejos de haberse producido sin ayudas. No por casualidad, el acoso creciente al Gobierno llega meses después del Decreto de Nacionalización del pasado 1 de mayo y del inicio de investigaciones de altos cargos de las industrias petroleras que operan en Bolivia. En total, el fiscal general del país andino ha abierto procesos a Repsol por delitos de contrabando de petróleo, encubrimiento, malversación, uso indebido de influencias, conducta antieconómica y firma de contratos lesivos al Estado. Así, acusados de contrabando, el 15 de marzo la policía detenía a Julio Gavito y Pedro Sánchez, principales ejecutivos de Repsol en Bolivia. Demasiado para una petrolera que aún es capaz de mover un gran número de hilos.
El poder de la Cámara
Basta seguir el nombre de Pedro Sánchez para rastrear los mecanismos de poder. Este ejecutivo de Andina, la marca de Repsol-YPF en Bolivia, también es director titular de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos, organismo en el que se concentran las principales industrias energéticas del país y cuyas decisiones llevan años marcando la vida económica. En la cámara, al tratarse de las principales empresas, Repsol-YPF y la brasileña Petrobras cuentan con un mayor poder de decisión. Y según repetidas denuncias, buena parte de sus decisiones se traducen en ayudas para el Comité Pro Santa Cruz.
Para Andrés Soliz Rada, uno de los artífices del proceso de nacionalización y hoy ya dimitido al frente del ministerio de Hidrocarburos, no caben dudas de que “la campaña de desorientación está orquestada por la Cámara Nacional de Hidrocarburos (...) entidad que, de manera insólita, forma parte de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz”, vinculada, a su vez, al CPSCZ. El cuadro de complicidades se completa siguiendo el árbol genealógico. Como afirma Luis Gómez, periodista de la revista Brecha, “son una treintena las familias de la oligarquía que se reparten Santa Cruz. No es muy díficil encontrarse apellidos que se repiten entre la cámara, los directivos de las petroleras y los miembros del Comité”.
Con esta corriente de apoyos, el Comité cruceño no malgasta el tiempo. Son ya varios los llamamientos a movilizaciones en varias provincias. Recientemente, los planes de la oligarquía encontraban seguimiento en el paro celebrado el 8 de septiembre en cuatro de las nueve provincias bolivianas, en el área geográfica conocida como la ‘media luna’ del país. La protesta tuvo en su contra la Confederación de Trabajadores Campesinos y la Central Obrera Boliviana. Sin embargo, a pesar de estas ausencias, los convocantes contaban con un aliado importante: grupos como la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), encargados de amedrentar a quienes no secundaran el paro.
El vínculo entre el Comité cívico y la UJC es directo. Como se indica en el libro Santa Cruz: economía y poder 1952-1993, “La Unión Juvenil Cruceñista fue creada el 7 de Octubre de 1957 por miembros del Comité Cívico Pro Santa Cruz. El objetivo de este grupo era presionar como brazo armado al Gobierno central de Bolivia”. Y durante los últimos años la financiación a estos colectivos se ha visto incrementada. En la actualidad, la UJC se organiza en células de barrio, cuenta con campos de entrenamiento en haciendas de Santa Cruz y en muchos de ellos ya se dispone de armamento pesado. Cada vez más, la presencia de paramilitares alerta a los miembros del Gobierno, desde donde se teme una posible conspiración para echar por las armas a Evo. Sobre ese asunto llamaba la atención en un artículo reciente el director de la Agencia de Prensa del Mercosur, Víctor Ego Ducrot, quien denunciaba la puesta en marcha de una ‘Operación Camba’ que implicaría a “Repsol YPF, Petrobras y compañía, la embajada de EE UU y la derecha boliviana”. En declaraciones realizadas a DIAGONAL, Ducrot se mantiene fiel a lo escrito: “Buena parte de los fondos utilizados por estos golpistas son aportados por las petroleras Petrobras y Repsol-YPF”, y se apoya en investigaciones que estarían siendo realizadas por el Gobierno.
La conspiración, de existir, no puede probarse. Incluso es posible que no haya habido una reunión de conjurados. Pero no faltan, sin embargo, intentos de desestabilizar al Gobierno del MAS por parte de las fuerzas mencionadas. Algunos nombramientos recientes apuntan en esa dirección. El pasado 12 de julio, George Bush nombraba como nuevo embajador en Bolivia a Philip S. Goldberg, anteriormente destinado a Kosovo y quien ha vivido de cerca el proceso de desintegración de Yugoslavia. Por su parte, en agosto Repsol contrataba a Jorge Dezcallar, ex director del Centro Nacional de Inteligencia, para situarle al frente de su Consejo Estratégico Internacional. Y esto sucede en un momento en que aumentan las voces de protesta en Paraguay ante la sospecha de la llegada de militares estadounidense a las bases del norte del país, cercanas a la frontera con Bolivia. Como dice Luis Gómez, “pocos se atreven a decir nada si no tienen pruebas para demostrarlo, pero estos temas son un secreto a voces”.
SERVICIOS SECRETOS Y GRUPOS ARMADOS, VIEJOS CONOCIDOS DE REPSOL-YPF
Curiosamente, muchas de las
acusaciones que en la actualidad
ha comenzado a recibir por
su actuación en Bolivia no suenan
nuevas en la historia de la
compañía petrolera. Tras anunciarse
el fichaje de Jorge Dezcallar
para encabezar un nuevo
consejo asesor en temas internacionales,
el líder de Izquierda
Unida, Gaspar Llamazares, exigía
que se investigara si el contrato
del ex director del servicio
secreto español cumplía con la
ley de incompatibilidades del
cargo. De momento, no ha habido
impedimentos legales. Pero a
lo largo de sus años al frente del
CNI la trayectoria de Dezcallar
ha estado envuelta en una serie
de puntos negros. Entre ellos, el
paso de vuelos de la CIA por
aeropuertos españoles, y una
implicación nunca aclarada del
Gobierno español en el intento
de golpe de Estado contra Chávez
en 2002. Con ese currículum
a las espaldas, Dezcallar
pasa ahora a encargarse de las
relaciones exteriores de Repsol
en uno de los momentos más
difíciles por los que atraviesa la
compañía hispano-argentina.
Además, no es la primera vez
que Repsol contrata a un espía
de pasado polémico. Durante el
Gobierno de Aznar, y con otro
equipo en la dirección de la
empresa, la petrolera ya utilizó
durante algún tiempo los servicios
de Juan Alberto Perote, procesado
judicialmente por filtrar
información confidencial a Mario
Conde sobre los GAL durante su
etapa en el CESID. En otro
plano, la estrategia de reducir el
suministro en Bolivia para dar
sensación de escasez es una
técnica recurrente de las grandes
industrias. Y para Repsol
tampoco es nueva la denuncia
de apoyar grupos armados. El
informe Un laboratorio de
guerra, elaborado por Amnistía
Internacional, ya denunciaba a
la estadounidense Occidental
Petroleum y Repsol-YPF, de facilitar
ayuda financiera a unidades
militares del Ejército colombiano
“con vínculos probados” con los
grupos paramilitares. Ni siquiera
sorprenden los intentos de
segregar un país para quedarse
con sus recursos, episodios similares
forman parte de los últimos
siglos de historia en África y
América Latina.
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