NO MÁS CIE. El 27 se producía una marcha contra la apertura de otro centro.

Lampedusa, la pequeña isla italiana de apenas 5.000 habitantes al sur de Sicilia, se ha convertido en el ejemplo más evidente de los efectos de las restrictivas políticas migratorias adoptadas por el Gobierno italiano. Aunque hace ya varios años que el Centro de Primera Acogida (CPA) instalado en la isla adolece de un hacinamiento y una falta de recursos alarmantes –hace sólo unas semanas el Gobierno italiano decidía que la ONG Médicos Sin Fronteras dejara de atender a los internos– los recientes sucesos han evidenciado la situación insostenible de los inmigrantes allí recluidos.

El estallido

El 20 de enero llegaban a la costa de Lampedusa dos barcos procedentes de Túnez y Libia con aproximadamente unas 500 personas a bordo. Nueve de sus pasajeros eran supervivientes del naufragio, el día anterior, de un tercer barco en el cual perdieron la vida 26 tunecinos. Estas nuevas llegadas disparaban hasta 1.800 el número de los internos en un centro previsto para 800 personas. La mayoría de ellos tuvo que dormir en la calle, fuera del CPA. El hacinamiento, la falta de atención básica y la prolongada retención –la ley italiana prevé que sólo puedan ser detenidos un máximo de 48 horas, plazo tras el cual deben ser trasladados a la península– fueron los desencadenantes de la manifestación espontánea del día 24. Miles de internos salieron por las calles de la isla reclamando sus derechos, una atención digna y, sobre todo, que se respondiera a sus peticiones, ya que la mayoría había presentado una solicitud de asilo. Durante dos horas, los manifestantes, apoyados por la población autóctona que se opone a la apertura de un Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) en la antigua base de la OTAN de la isla, se concentraron frente al Ayuntamiento, para luego volver al Centro. Varios internos empezaron una huelga de hambre. El 27 se producía una nueva manifestación de refugiados e inmigrantes, con la presencia masiva de la población de la isla, en contra de la apertura del CIE. La marcha terminó con una ofrenda al mar de un ramo de flores en memoria de los inmigrantes y los pescadores de la isla muertos en los últimos años. Tras una semana de protestas, Lampedusa ha pasado a ser el blanco de críticas nacionales e internacionales.

“La situación en el CPA de Lampedusa es inaguantable y esto es también el resultado de las políticas del Gobierno italiano, que no quiere trasladar los internos a la península porque quiere acelerar el proceso de repatriación”, afirmaba Laura Boldrini, representante en Italia del Alto Comisionado para los Refugiados de Naciones Unidas (ACNUR). El Alto Comisionado, que también ha subrayado las pésimas condiciones del centro, denuncia sobre todo la falta de asistencia legal. Según los datos ofrecidos por este organismo, en 2008 más del 75% de las personas que llegaron a Italia por mar presentaron una solicitud de asilo. Y el 50% fueron concedidas. Esto demuestra “que el Mediterráneo es una vía de asilo para muchas personas que huyen de guerras, hambre y persecuciones”, afirmaba ACNUR en un comunicado difundido el 23 de enero. Por su parte, Save the Children hizo público el 27 de enero su primer informe sobre la situación de los menores en el CPA de Lampedusa. La organización internacional de defensa de la infancia subraya la prolongada retención de los menores –hasta 37 días–, la falta de espacio y de equipamiento y, sobre todo, los procedimientos “más que dudosos” para el cálculo de la edad, por lo que no hay garantías de que no se esté repatriando a menores. Mientras, el ministro de Interior, Roberto Maroni, de la xenófoba Liga Norte, afirmó que, en el plazo máximo de dos meses, serán repatriados por lo menos mil tunecinos, aunque todavía no se sabe cuántos hay en Lampedusa.