SGAE: el negocio de cobrar por todo

IVAN SOLBES

Miguel González se quedó atónito cuando un representante de la SGAE entró en su bar de Badajoz y le dijo que a partir de ese momento tendría que pagar a la entidad 13,52 euros al mes por tener un televisor. “No es lógico que nos quieran cobrar, porque yo estoy en el bar desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche y tengo derecho a informarme de lo que pasa”, señalaba González, quien añadía: “Se están pasando un poco, a este paso nos van a cobrar por todo”. Estas declaraciones del hostelero extremeño en 2006 parecen una premonición, corroborada por la explicación de ese caso por parte del delegado de la SGAE en Extremadura: “Si todavía hay negocios que no han sido visitados es porque no hemos tenido tiempo de ir a todos”.

De momento, siguen sin conseguir llegar a todos, pero cada vez son más los que sufren el afán recaudatorio de la SGAE: desde bodas y bares hasta compañías de autobuses y hoteles, pasando por festivales solidarios y radios comunitarias. Como es lógico, esta intensa labor da sus frutos: la entidad alcanzó en 2007 unos ingresos de 377,2 millones de euros, un 10,1% más que en 2006. Y eso que en 2007 el nuevo canon por copia privada a los soportes digitales aún no se aplicaba. Esta medida supondrá 40 millones más al año, según estimaciones de Teddy Bautista, presidente de su consejo de dirección. Se supone que este dinero va a sus afiliados. Sin embargo, según ha revelado Público, la SGAE acumula 179,7 millones procedentes de recaudaciones de ejercicios anteriores, porque parte de sus beneficiarios últimos están “en proceso de identificación”.

Si éstos no aparecen en cinco años, el dinero pasa a la caja de la entidad, según sus estatutos. La normativa interna también especifica que son los autores quienes deben reclamar la cantidad, pues la SGAE nunca reparte por voluntad propia.

La vida sonríe a la SGAE, pero ésta no se conforma con ser una sociedad de gestión y busca, al estilo de las empresas capitalistas, la expansión. En los últimos años, ésta ha venido de la mano de la compra de cines y teatros, tanto en el Estado español (por ejemplo, el Teatro Fleta de Zaragoza, del que es copropietaria junto al Gobierno de Aragón) como en el extranjero (cines Astro, en Buenos Aires, o el Teatro Lírico de México DF).

Socios disidentes

No obstante, no todo es idílico en la SGAE. La Agencia Tributaria tiene abiertos expedientes e inspecciones fiscales que abarcan sus últimos cuatro ejercicios, de 2004 a 2007, por haber detectado indicios de fraude fiscal. Las críticas a la gestión no sólo le vienen desde fuera. Los músicos Luis Cobo “Manglis”, José Antonio Prieto y Antoliano Toldos, todos ellos socios de la SGAE que tienen varias denuncias interpuestas contra la entidad, convocaron una rueda de prensa el pasado 7 de mayo con el fin de denunciar la situación en que se hallan los socios, así como las deficiencias del funcionamiento interno y gestión de la SGAE. Los músicos criticaron que el 90% de los socios no tienen ni voz ni voto en la gestión de la entidad y que sólo una tercera parte de los asociados perciben ingresos. Según ellos, la SGAE abre expedientes disciplinarios y sanciones económicas a los socios que mantienen discrepancias con la dirección.

Además, denunciaron la desaparición de más de 60 millones de euros procedentes de los fondos de pensiones del Montepío de Autores de la Fundación de la SGAE. Curiosa fue también su narración de las irregularidades en la ‘toma del poder’ de la actual dirección de la entidad en 1977. Fue en 1988 cuando ésta misma incluyó a los editores en la SGAE. Son éstos quienes manejan la sociedad gestora en detrimento de los autores, indicaron los socios disidentes.

Otro de los indicios preocupantes para la entidad son los reveses judiciales que ha recibido últimamente en cuanto a recaudación. Un caso conocido es el hotel burgalés al que la SGAE reclamaba 2.157 euros por no pagar los derechos de autor por la música que ofrecía a través de su hilo musical, y que fue absuelto porque pudo obtener dicha música mediante un sistema de licencias libres. Otro que también se libró fue el propietario de una sala de Tomelloso. El juez pidió a la SGAE que probara la posesión de los derechos de los grupos que sonaban en el bar, y la SGAE rehusó hacerlo. Más curioso fue el caso de la comisión de festejos de un barrio ourensano, a quien la entidad pedía 3.400 euros, pero la demanda no prosperó al carecer la comisión de personalidad jurídica. Se trata de pequeños casos que, si se extendieran, podrían hacer cumplir el viejo refrán: “La avaricia rompe el saco”