Salgado tranquiliza a las grandes fortunas

El 27 de mayo, la ministra de Economía, Elena Salgado, tuvo que apagar el fuego que había prendido su compañera de partido, Leire Pajín, quien había planteado la posibilidad de gravar más a las grandes fortunas como forma de financiar al Estado en tiempos de déficit. Una medida que no tendría efecto en la recaudación hasta 2011 y que se interpretó en los medios como una posible recuperación del Impuesto de Sucesiones, cuyas competencias ahora ostentan las comunidades autónomas y que algunas como Madrid o Valencia lo han suprimido.

Primero, Salgado expuso que no hay intención de tocar los impuestos: “Lo que quiso decir la señora Pajín es que si fuera necesario subir los impuestos lo haríamos sobre las rentas más altas”, argumentó la ministra. Después aseguró que la medida de aumentar los impuestos en ese tramo “tendría un impacto mínimo” en las cuentas del Estado.

Ricardo García Zaldívar, del consejo científico de Attac, considera que el Gobierno ha fomentado la receta liberal de gravar el trabajo (en forma de IRPF) por encima del capital, como demuestra la supresión en la práctica del Impuesto de Patrimonio en 2008, una medida que fue, en palabras de García Zaldívar “una irresponsabilidad política, comprendida exclusivamente en clave electoral, para captar a una franja de votantes indecisos”.

Además, desde Attac se denuncia que los gobiernos de los últimos 30 años no han puesto los medios para que la Agencia Tributaria evite una bolsa de fraude, tanto fiscal como a la Seguridad Social, que, según el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA), supera el 23% del PIB, es decir, aproximadamente 240.000 millones de euros. Se estima que si la Agencia Tributaria redujese esa diferencia hasta que el fraude ‘sólo’ supusiera un monto equivalente al 13% del PIB (en la media de la UE-15), el Estado podría embolsarse casi 25.000 millones de euros adicionales.

Durante su mandato, el equipo de Gobierno ha presumido varias veces de haber suavizado la presión fiscal, que se sitúa varios puntos por debajo de la media europea. Estas reducciones han beneficiado sobre todo a las empresas, como ejemplifica el último recorte de cinco puntos porcentuales del Impuesto de Sociedades a compañías de menos de 25 trabajadores. Se da la circunstancia de que, como subrayan distintas fuentes, los empresarios son el colectivo que más defrauda, aproximadamente un 47% de lo evadido, mientras que los asalariados son el grupo menos tramposo, ya que sus estafas sólo suman el 2% del dinero que se estima que se defrauda en el Estado. Por el contrario, en el ejercicio fiscal de 2007, según denunció GESTHA, nueve de cada diez dueños de fortunas superiores a diez millones evadieron sus obligaciones con el fisco.

Escasa justicia fiscal
Actualmente el Gobierno templa gaitas con socios como ICV y los sindicatos CC OO y UGT, quienes han aconsejado como participantes en el Consejo Económico y Social que se graven las rentas del capital, que se elimine la deducción por cobro de dividendos y que se activen mecanismos que reestructuren la tributación de las empresas.

En cuanto a la lucha contra el fraude, como se conoció en marzo, el Gobierno ha pactado con CiU la elaboración de un Decreto que permitirá a compañías que operan en paraísos comprar deuda pública sin que se les exija identificación. Según García Zaldívar, esto demuestra que el Ejecutivo no tiene “ninguna voluntad de entrar por la vía de la justicia fiscal y de llevar a cabo un incremento de los impuestos, en un período en el que hay que aumentar los servicios públicos y la protección social”. Ello a pesar de que la reducción de la actividad está suponiendo que se recaude menos en concepto de IVA y de que, esta campaña, se vaya a ingresar mucho menos dinero por el Impuesto de Sociedades.

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