De asesino confeso a candidato municipal
Pedro Cuevas Silvestre fue el autor confeso de la puñalada que acabó en 1993 en Montanejos (Castelló) con la vida del joven Guillem Agulló, conocido militante antifascista de Valencia. Esta muerte, que conmocionó a la sociedad valenciana, puso de manifiesto las conexiones de la extrema derecha en el País Valenciano. Y su impunidad. Durante el juicio la acusación popular se retiró en protesta por la actitud del juez de no considerar los hechos como un homicidio político, a pesar de las claras vinculaciones de los acusados con la extrema derecha valenciana. Ello, junto al arrepentimiento espontáneo, le valieron a Cuevas una notable reducción de la condena. Sentenciado a 14 años de prisión, cumplió cuatro. En septiembre de 2005 Cuevas fue detenido durante la Operación Pánzer de la Guardia Civil contra el Frente AntiSistema (FAS), grupo neonazi de carácter paramilitar que contaba con abundante armamento, incluso un bazoca. Durante la operación policial fue registrada la sede del partido neonazi Alianza Nacional (AN) en Valencia, mostrando la relación entre el FAS y AN. En las pasadas elecciones municipales Cuevas, de 36 años, se presentó a las elecciones municipales por AN en la localidad valenciana de Xiva. Su reaparición puso de manifiesto algo que la familia Agulló y los colectivos antifascistas han denunciado reiteradamente: el carácter ultraderechista del asesino de Agulló y la impunidad con la que cuenta.
Una agenda, peor que un fusil
El pasado marzo, la policía detuvo en diferentes localidades catalanas a siete jóvenes que formaban el grupo neonazi Frente Joven Obrero y les decomisó 26 armas de fuego (fusiles, revólveres...), 4.000 cartuchos, armas blancas y material xenófobo. Desde hacía meses en la zona donde el grupo tenía su sede, Gavá, se habían producido diversas agresiones fascistas. Tras pasar ante el juez todos los detenidos quedaron en libertad con cargos a la espera del juicio. Estos nazis habían sido expulsados del partido AN tras colgar un vídeo en la red en el que exhibían armas y simulaban un entrenamiento militar. Pocos días antes de estas detenciones, la activista de Girona Núria Pòrtulas era detenida e incomunicada por agentes encapuchados en un espectacular operativo ante la casa okupada donde residía. Acusada de un delito genérico de integración en banda armada, permaneció 118 días en prisión hasta que el juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso la dejó en libertad condicional. La policía la acusó de estar preparando sabotajes; la principal prueba policial es su agenda con direcciones de organismos públicos.
“Amigos neonazis” que ponen bombas
El 3 de febrero de 2001 la policía detuvo in fraganti a cuatro ultraderechistas colocando una olla con explosivos en un cajero cercano a las Cotxeres de Sants de Barcelona, donde iba a celebrarse un concierto con Fermin Muguruza contra la Ley Antiterrorista. Según fuentes judiciales citadas en prensa, Santiago Royuela Samit, hijo del ex guardia del general Franco, Alberto Royuela; Oscar Serrano Masdeu; Ramón Cuadrado y Antonio Tomás (que tuvieron que ser hospitalizados porque la bomba les explotó en las manos) eran “amigos con simpatías por la ideología neonazi” que querían colocar “un petardo” para dar “bombo mediático” a su repulsa de un “acto de apoyo a ETA al que acudían terroristas”, pero sin intención “de herir a nadie”. Todos se declararon miembros del grupo nacionalista español Timbalers del Bruc. En 2005 la Audiencia Provincial de Barcelona les condenó a seis años de cárcel por un delito de terrorismo con el atenuante de admitir la autoría de los hechos. Recurrieron la sentencia y no han pisado la cárcel. Royuela ocupó el puesto 50 en las listas europeas de Alianza por la Unidad Nacional (AUN) en 1999. Ese año fue detenido junto con otros cinco miembros de Resistencia Nacional de la Juventud y liberado con cargos de robo con violencia, agresión racista, lesiones a un guardia urbano y agresión sexual.
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