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Un insumiso detenido en Torla ocho años después
Chabier Nogueras/Redacción Aragón
El antimilitarista, miembro del Moviment d’Objecció de Consciència (MOC) de Valencia, se hallaba bajo orden de busca y captura por permanecer vigentes sus antecedentes penales, pese a que el Gobierno debió haberlos cancelado de oficio a todos los insumisos, tras abolir el servicio militar en 2001. Óscar, que permaneció unas tres horas detenido en la comisaría de montaña de Torla antes de ser puesto en libertad, deberá presentarse el martes próximo en el juzgado de guardia de Boltaña para justificar su condición de indultado.
- Deserción de Oscar Cervera (el segundo por la izquierda) en 1998. Al fondo, cuartel de Marines, en Valencia. Foto: Archivo Pepe Beunza
Óscar Cervera desertó del ejército español a finales de los años noventa, haciendo propia la campaña de desobediencia civil “Insumisión en los cuarteles” propuesta por el Movimiento de Objeción de Conciencia (MOC), ahora Alternativa Antimilitarista.MOC. Óscar se incorporó al acuartelamiento "General Almirante" en la base militar de Marines (València), donde había sido destinado para realizar el servicio militar, el 11 de noviembre de 1998. Al día siguiente desertaba de la unidad para incorporarse, junto con otros antimilitaristas del MOC y del Grup de Recolzament a la Deserció (GREDE) a una concentración antimilitarista en la puerta de la base militar, haciendo así pública su desobediencia. Por ello fue juzgado en un consejo de guerra el 17 de febrero del año 2000 por el Juzgado Togado Militar nº 16 de València y condenado el 4 de abril del mismo año a cumplir dos años y cuatro meses de prisión.
Se trataba en aquellos días del decimonoveno "insumiso a los cuarteles" que había sido condenado a esta pena por tribunales militares. Desde el 6 de marzo de 1997, fecha de la primera presentación de insumisos-desertores, hasta el encarcelamiento de Óscar, fueron 34 los antimilitaristas, entre ellos otros dos valencianos (Plácido Ferrándiz y Carlos Pérez) los que optaron por esa nueva vía de desobediencia civil al Ejército, la "Insumisión en los cuarteles". Manifestaban así su oposición al proceso de profesionalización de las fuerzas armadas, y lo denunciaban como un intento de reforzar e imponer a la sociedad el modelo militarista de defensa y de dotar al Ejército de funciones intervencionistas sobre los países del sur. La mayoría de ellos fueron juzgados y condenados a dos años y cuatro meses de cárcel militar. 11, procedentes de Sevilla, A Coruña, Valladolid, Iruña, Bilbo, Cáceres y València se encontraban en esos momentos cumpliendo condena o prisión preventiva en la cárcel militar de Alcalá de Henares.
En esa misma cárcel militar de Alcalá de Henares cumplió condena Óscar Cervera hasta mayo de 2002, cuando fue indultado y excarcelado a la fuerza por el Gobierno. Cervera era uno de los cinco últimos insumisos que permanecía en la cárcel cuando se puso fin al servicio militar obligatorio en 2001 por la presión de la insumisión, que en ese año consiguió que sólo 5.000 jóvenes de los 91.000 sorteados acabaran haciendo la mili. El Gobierno tomó esta medida cuando las renuncias expresas a los indultos y la nueva cascada de desobediencia que representaban hicieron peligrar su pretensión de deshacerse del conflicto social provocado por la insumisión encarcelada. Cerca de 4.000 insumisos procesados y unos 20 insumisos en los cuarteles fueron amnistiados en ese momento.
La estrategia de insumisión en los cuarteles
La insumisión en los cuarteles fue la estrategia que el MOC planeó en un momento en el que, en palabras de aquella época, los proyectos de cambio en el Ejército exigían una "nueva dinamización" que permitiera "hacer frente a la hegemonía del pensamiento único". Básicamente, esta estrategia consistía en presentarse en el cuartel cuando así se le requería al joven para, una vez adquirida la condición de militar, abandonarlo y realizar una presentación única colectiva, explicando los motivos de su deserción política. Posteriormente, el insumiso en los cuarteles asumía las consecuencias legales que de su acto se derivaban y que se materializaban en penas privativas de libertad, determinadas por tribunales militares en consejos de guerra.
El origen de esta estrategia residía en la aparición de un nuevo Código Penal que reconocía la regulación legal de la insumisión tratando de ocultar la represión a la insumisión a la mili, que tan hábilmente había sido dirigida en su contra por el movimiento antimilitarista. Ya en 1994 la objeción de conciencia había sido calificada como auténtico problema de estado por el entonces ministro de defensa García Vargas, quien afirmó: «Los objetores e insumisos nos llevan a un callejón sin salida».
Por otra parte, la irrupción del proyecto de profesionalización del Ejército trasladaba a la sociedad la idea de que «el problema de los insumisos» estaba en vías de solución, restándole así a la insumisión un cierto dinamismo social. Para el MOC el debate social se alejaba de lo militar mientras que con la mili en estado terminal se conformaba el nuevo ejército profesional, disfrazado convenientemente de humanitario para justificar públicamente su existencia.
Ante esta nueva situación y animados por sus recientes éxitos, los grupos antimilitaristas no podían permanecer pasivos y acordaron un esfuerzo renovado, un nuevo desafío en forma de "Insumisión en los cuarteles" llamando a recobrar el impulso y la ilusión, a renovar el discurso antimilitarista y sus prácticas. A finales del 2000, según datos oficiales, fueron 945.195 los objetores reconocidos por el Ministerio de Justicia, y 940.000 los que evitaron la mili y la prestación sustitutoria con diferentes tipos de prórroga. Además, estudios recientes estiman la cifra total de insumisos en unos 50.000, de los que 1.670 se enfrentaron a la cárcel a lo largo de 12 años de lucha.
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