Acción contra un centro de detención de inmigrantes duramente reprimida

NO VIOLENTO. Los activistas, una vez dentro del CIE, desmontaron meticulosamente, pero sin romper nada, todos los elementos que pudieron : puertas, ventanas, etc. // Guillermo Valle

Tras los asesinatos, a manos de las policías de fronteras españolas y marroquíes, el pasado otoño, de al menos 14 inmigrantes que pretendían cruzar las vallas de Ceuta y Melilla, diversas organizaciones europeas pusieron en marcha la primera Caravana Europea contra la Valla de la Muerte y por la Libertad de Movimiento. Dicha experiencia, que se desarrolló en Ceuta entre los días 4 y 6 de noviembre de 2005, contó con la participación de medio millar de activistas sociales de diversas partes de Europa expresando su rechazo a la política de cierre de fronteras de la “Europa Fortaleza”. Ahora, siete meses y medio después, ha tenido lugar la II Caravana Europea por la Libertad de Movimiento, en Barcelona, coincidiendo en la misma ciudad con el encuentro Fadaiat, “un espacio de reflexión y un laboratorio de experimentación sobre la libertad de movimiento y la libertad de conocimiento” entre las dos orillas del Estrecho.

Ambos eventos, celebrados entre el 23 y el 25 de junio, pretenden hacer visibles las fronteras interiores de las metrópolis. En un manifiesto, la Caravana denunciaba que “la frontera (...) ya no es sólo un límite geográfico, sino un dispositivo de control que determina quién tiene derechos y quién no, a qué precio y en qué momento”.

Mientras la UE externaliza la gestión de sus fronteras, desplazando el control de flujos migratorios a los propios países de origen o de tránsito de las migraciones, la segregación y separación se hace cada vez más patente en las ciudades. El control policial permanente sobre los inmigrantes, las detenciones arbitrarias, la proliferación de Centros de Internamiento, la indefensión laboral y la amenaza permanente de la expulsión han sido denunciados por múltiples organizaciones sociales como ejemplos visibles de esta situación.

Según indican a DIAGONAL fuentes de la Caravana : “en Barcelona concurren dos hechos significativos : el Ayuntamiento ha aprobado una ordenanza municipal inspirada en las políticas de Tolerancia Cero, criminalizando la pobreza, sancionando la venta ambulante, el trabajo sexual, la economía informal de calle, así como una larga lista de actividades que definen como utilización abusiva del espacio público. Paralelamente, se inaugurará un nuevo Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), el más grande del Estado español, que sustituirá al actual”. El CIE de La Verneda, actualmente en funcionamiento, acumula muchas denuncias sobre las condiciones y el trato a los retenidos por parte de múltiples organizaciones sociales, instituciones internacionales de derechos humanos, incluso por el Sindic de Greuges, el equivalente al Defensor del Pueblo en Catalunya.

Acción pacífica

En el marco de la II Caravana, el 25 de junio, más de 100 personas se concentraron frente a las puertas del nuevo CIE de Barcelona, todavía en construcción. Varios activistas entraron en el recinto, desplegando pancartas con lemas que denunciaban el uso que tendrán dichas instalaciones, y desmontaron simbólicamente una pequeña parte de su infraestructura. Tras la salida pacífica de los activistas del recinto, en medio de un enorme despliegue policial, los agentes comenzaron a agredir a los periodistas y a amenazar con perros a los participantes. El despliegue policial concluyó con múltiples agresiones y con el traslado y detención en el CIE de la Verneda durante 48 horas de 59 de los concentrados, incluyendo tres periodistas y dos abogados de la Caravana. Todos están en libertad sin fianza, aunque 57 de ellos con cargos. Según declara a DIAGONAL Luis de los Santos, de la Oficina de Derechos Sociales de Sevilla, y letrado de varios de los detenidos : “Los cargos que se les imputan son desórdenes públicos y daños en instalaciones al servicio de los cuerpos de seguridad, lo cual podría ser castigado con prisión de 2 a 4 años”. Los daños han sido valorados por la Policía en 88.000 euros, si bien, matiza el letrado, el atestado policial carece de inventario y peritaje de los supuestos daños.

Más de 100 organizaciones sociales y ayuntamientos han considerado desmedida la actuación policial. Entre ellas, la Federación de Asociaciones de Vecinos, el Colegio de Abogados o el Observatorio del Derecho Penal de la Universidad Autónoma, todos ellos de Barcelona, que han exigido una investigación por la detención de dos abogados en el cumplimiento de su ejercicio profesional y las graves violaciones de los derechos de los detenidos.