Amenaza de desalojo para una comunidad de El Salvador

PINTANDO UN MURAL en una escuela de la comunidad de Santa Marta.

Nada más conocerse la sentencia, los vecinos de esta localidad norteña de El Salvador realizaron una marcha de protesta hasta la ciudad de Victoria. El objetivo: denunciar el alto número de irregularidades con las que se ha llevado a cabo el proceso judicial. De entrada, ningún representante de la cooperativa fue avisado de la demanda presentada por la antigua dueña de los terrenos, y que supondría la expulsión de las 27 familias. Del mismo modo, tampoco nadie fue llamado a declarar. Con el fin de salvar sus tierras, los miembros de la cooperativa presentaron ese día ante el juez los papeles del registro de sus terrenos. Y de forma paralela ya se ha iniciado una labor de denuncia a nivel nacional e internacional del caso. Hasta ahora, al menos han conseguido que el juzgado ofrezca una prórroga al desalojo hasta el día 15 de diciembre.

Ese día tendrá lugar una audiencia entre las partes afectadas. Pero el riesgo sigue presente. María Beltrán, demandante y antigua propietaria, no renuncia a pedir el desalojo. La amenaza sobre la cooperativa Nueva Heroica de Santa Marta nace de un complicado conflicto de propiedades. Los actuales residentes, miembros de una comunidad de refugiados de la guerra civil de El Salvador, compraron sus terrenos en 1994 a Sigfredo Pleitez, apoderado y representante de la propietaria, María Beltrán. Durante 12 años no se advirtió a la cooperativa de ninguna anomalía. Por ese motivo, entre las familias de Santa Marta ha sorprendido que el juzgado de primera Instancia del municipio de Victoria diera por válida la demanda y declarase nulo su título de propiedad, lo que equivale a echar de sus casas a más de un centenar de personas.

En su denuncia, María Beltrán argumenta que Pleitez la engañó y no le entregó el dinero que le correspondía. Algo que choca con lo que se expone desde la Asociación para el Desarrollo Económico Social de Santa Marta (ADES). Según esta asociación, cuando la cooperativa decidió comprar los terrenos, la propietaria les remitió siempre a su apoderado. Además, se protesta, “ella no realiza ningún acto de demanda por estafa contra Pleitez, sino que orienta toda su acción al desalojo”.

No es un caso aislado

Según Antonio Pacheco, presidente de ADES, Santa Marta no supone un caso aislado. “En la zona norte de El Salvador están por iniciarse grandes proyectos: explotación de minería de oro, construcción de una carretera... se habla de impulsar el turismo a gran escala”, señala, añadiendo que “el impulso de estos proyectos dentro del Plan Puebla- Panamá y el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos traen a pensar que existen intereses económicos importantes que desean estas tierras”. Pero hay una contrapartida: “Los proyectos amenazan con desalojar a miles de familias de sus lugares de origen”.