Detener deportaciones con la ley en la mano

El ‘interés superior del menor’ es un mandato legal. Su significado es claro: el bien del niño está por encima de cualquier otra circunstancia. Eso, en la teoría. En la práctica, para la mayoría de menores inmigrantes, su ‘interés superior’ acaba convirtiéndose en una ironía cruel.

Así ha sido en el caso de Hamza Rahamaoui, marroquí de 17 años. En nombre de su interés, en diciembre de 2005 el Gobierno le devolvía esposado a Marruecos después de permanecer dos años en el Estado español. En ningún momento contó con un abogado. Tampoco ningún juez escuchó qué prefería. Se le expulsó con la idea de la reagrupación familiar. Pero nadie informó a su familia. Al llegar a casa, Hamza se encontró con un hogar desestructurado y fue recibido con palizas de su padre. En vistas a la situación, al poco tiempo volvía a cruzar el Estrecho. Hamza, a pesar de todo, ha tenido suerte. Pudo volver a Madrid con un permiso de residencia del que disponía antes de su marcha, y con ayuda de su abogada, Elena Arce, denunció su reagrupación familiar a los tribunales. El pasado viernes 17 de noviembre el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo fallaba a su favor, lo que supone una condena al sistema de deportaciones del Gobierno.

Dormir con zapatos

Aun así, expulsiones como la de Hamza se repiten casi a diario. Elena Arce lleva años denunciando la indefensión en la que se encuentran estos menores. De hecho, no se les informa de que van a ser repatriados, sólo tienen noticia cuando llega la policía con la orden en la mano. Mercedes Jiménez, del colectivo Al-Jaima, define la situación de angustia en la que viven centenares de menores con una imagen: “chavales que duermen con los zapatos puestos”, ante la alerta de ser detenidos. Esta falta de protección legal ha sido denunciada por varias ONG. Según datos de S.O.S. Racismo, se producen irregularidades en el 100% de las deportaciones. Para Diego Lorente, coordinador de esta asociación, “sus derechos se ignoran, y al depender la tutela de las comunidades autónomas, cada una hace con el niño lo que quiere. Se trata al menor como a una pelota de tenis”.

Por suerte, algunas repatriaciones han comenzado a detenerse. Con el caso de Hamza, ya son tres las veces en menos de un mes que la justicia ha dado la razón a los inmigrantes frente a la Delegación de Gobierno. Una de las resoluciones favorables se dio en Huesca tras un caso extremo. Teóricamente, la Subdelegación de Gobierno evalúa la idoneidad de la situación familiar del niño. Pues bien: a su regreso el menor se dio de bruces con que su padre estaba en la cárcel y su madre desaparecida. La tercera sentencia se ha ganado también en Madrid. Nacho de la Mata, abogado dedicado a esta problemática y miembro de la Coordinadora de Barrios, explica cómo empezó al caso: “Un día, a las cinco de la mañana, recibo una llamada diciendo que se están llevando al chaval a Marruecos. Me dirijo corriendo al juzgado, primero al de lo penal, para poner un habeas corpus; después al de lo contencioso para interponer una medida cautelarísima contra la repatriación de esa persona. En ese momento el juez adopta la medida y bajan al chico del avión”.

A partir de ese momento se inicia un procedimiento contra la orden de repatriación, hasta que meses más tarde se acabó dictando que la deportación violaba los derechos básicos.

La voz de los menores

De momento, se trata de las tres primeras victorias. Aunque hasta llegar a este punto han hecho falta meses de trabajo voluntario, sin ninguna remuneración, por parte un grupo de abogados. Son pocos, en todo el Estado no superan una decena, pero en este tiempo han conseguido bastante. “Tenemos 19 procedimientos contra repatriaciones abiertos ahora mismo, y cada uno supone un éxito”, asegura de la Mata. “Los niños tienen algo que decir”, explica. “Y ya que no le escucha la Comunidad Autónoma, ni el Ministerio Fiscal, ni la Delegación de Gobierno, que les escuchen los tribunales”. A su juicio, se ha logrado que “19 procedimientos pongan en evidencia todo el sistema de automatismo de vulneración de derechos”.

Para entender los esfuerzos realizados hace falta tener en cuenta que, hasta hace pocos años, la situación de los menores inmigrantes resultaba prácticamente desconocida. “Es en 2003 cuando empezamos a conocer a menores que se han escapado de los centros por miedo a ser repatriados”, recuerda De la Mata. “Comenzamos a buscarles una solución, acogimos a algunos de ellos en casa para que no se quedasen en la calle y tomamos contacto con el problema”. Casi al mismo tiempo, grupos de otras ciudades toman conciencia de la situación gracias a conocidos en Tánger, quienes les hablan de menores que en perfecto castellano cuentan cómo han sido expulsados.

Pero es a partir de 2006 cuando comienzan a presentarse los recursos. En Madrid la mayoría de abogados pertenecen a la Coordinadora de Barrios, aunque también se cuentan letrados de S.O.S. Racismo y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Se trata de la Comunidad donde este movimiento posee más fuerza; si bien, bajo el Gobierno de Esperanza Aguirre, también es la región donde de forma más tajante se deciden las expulsiones.

No obstante, también se han abierto procesos contra las repatriaciones en Bilbao, Santander, Barcelona y en Andalucía. Según Elena Arce, “se trata de una red informal de abogados, que comparten información y experiencia que pueda ser útil”. Para ella, además, la red incluiría “a psicólogos y educadores: gente que nos hace los informes que debería hacer la Administración. En total, se podría decir que somos unos 30”.

Para ellos, queda un trabajo ingente por hacer. El goteo de expulsiones continúa a diario. Pero, según dicen, se está logrando romper el silencio político que se da entre los grandes partidos por este tema. “Estos niños hasta ahora eran invisibles. Y las sentencias dan a conocer a la opinión pública una realidad desconocida”.