El 70% del nuevo alumnado de centros privados está en Madrid

Muchas son las voces y los casos concretos que denuncian el abandono de facto de la escuela pública en Madrid. “La Comunidad de Madrid ha creado dos vías educativas en la enseñanza, una pública, que cada día relega más y dedica a los más desfavorecidos y una privada a la que beneficia continuamente. Una educación pública que debemos defender porque es la única que puede igualar a todas las personas”, afirma Mercedes, de los Movimientos de Renovación Pedagógica. La apuesta de la Comunidad por la privada-concertada es justificada por el consejero de Educación, Luis Peral, en favor de la libre elección de centro, pero ello “no debe estar nunca por encima del derecho a la igualdad en la educación”, réplica que hacen las diferentes organizaciones que denuncian el menosprecio que se realiza a la educación pública. Además, el propio consejero lo justifica por ser un 33% más barata para la Administración.

Una escuela privada-concertada, que según Rafael Valentín de CGT, “no cumple las premisas de una educación pública, gratuita, aconfesional, universal, solidaria, democrática, que, además, garantice la estabilidad del profesorado y del resto del personal” y que tiene “menor calidad, ya que las empresas siempre buscan beneficio económico, y los servicios públicos deben producir exclusivamente beneficios sociales que vertebren la sociedad”, afirma Teresa Esteban Ruiz, del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Madrid (STEM). Estos beneficios económicos, puntualiza Ruiz, “se consiguen a través de peores condiciones laborales, mayor coste económico para sus usuarios, a través de las tasas que destinan las AMPAS para la financiación del centro (permitido por la LOE, 2005), las donaciones particulares (desde la Ley Pertierra de 1995, ley del PSOE, como la LOE), la externalización y subcontratas de comedores y actividades extraescolares”.

El proceso privatizador se realiza principalmente a través de tres acciones: cesión de suelo público para concertados negativa a crear escuelas infantiles públicas y plazas en colegios públicos, y aumento de los presupuestos para los conciertos. Estas características de la política educativa las corrobora el sexto informe sobre escolarización (2006-07) de la Federación de Padres y Madres de Alumnos (FAPA) de Madrid Francisco Giner de los Ríos.

Los presupuestos generales de 2007 confirman la falta de interés de la Comunidad en la educación pública, ya que éstos crecerán un 9,51%, frente a un 6,58% el de educación. En los cuatro años de Gobierno de Aguirre el desfase se agudiza: junto a un incremento presupuestario del 44%, el de Educación sólo aumenta un 30%. Para Andrés Hervás, miembro de la FAPA de Madrid, “no podemos ser una de las regiones más ricas de España y de Europa, y estar en el número 13, de las 17 comunidades, en gasto educativo”. Y es que si se compara, el PIB dedicado a Educación es similar al de la mayoría de los países latinoamericanos.

Cesiones de suelo público

A la falta de presupuesto educativo se suma la apuesta por la concertada, lo que supone un doble ataque a la escuela pública. “El Gobierno de Aguirre ha incrementado un 68% los conciertos de centros educativos- denuncia Jorge García, diputado regional de IU-, llegando a estar en Madrid más de la mitad del nuevo alumnado de los centros privados de todo el Estado”, algo que también denuncia CC OO y muestran las estadísticas del Ministerio de Educación. Andrés Hervás confirma el ascenso que ha sufrido la educación privada en los 12 años de Gobierno popular: los nuevos escolares en centros privados han pasado del 30% al 70%.

Este incremento de centros privados se ha visto complementado por la cesión de suelo público. Ya en 2005, la Plataforma Regional por la Educación Pública denunciaba la cesión a organizaciones privadas en 17 localidades [ver mapa] por parte del PP en la Comunidad. IU actualiza esa cifra y eleva las cesiones hasta las 36. Algunas han tenido especial trascendencia, como las que han recaído en grupos integristas (ver DIAGONAL nº 30) como Comunión y Liberación en San Blas o el Opus Dei en Alcorcón. En algunos casos la Consejería tuvo que modificar sus planes, como en Coslada o Alcalá de Henares. En el primero, se cambió el privado por uno público y en Alcalá la presión social (incluidas 6.000 firmas y una concentración) sirvió para que además del privado se construyera uno público, eso sí, con peores instalaciones.

Estas situaciones se produjeron con anterioridad a 2005, pero el proceso continúa. El presupuesto para conciertos del año que viene alcanzará un nuevo máximo, 747 millones. Mientras, el plan quinquenal, que se destina a cubrir las reformas en los públicos, está dotado con 800 millones de euros. La falta de equipamientos públicos se agudiza en los nuevos barrios, donde hasta pasados varios años éstos no llegan y, cuando ocurre, se crea una escuela pública y otra concertada. Por ejemplo, en Las Tablas y Montecarmelo (zona norte de la capital), al inicio de este curso existía un colegio público para 300 alumnos y ahora se pretende construir uno concertado del Opus en terrenos cedidos del Ayuntamiento a la Comunidad.

Similar situación se vive en Colmenar Viejo, en el norte madrileño, donde la Comunidad ha cedido al Grupo Cantoblanco, responsable de la cafetería de la Asamblea de Madrid, 33.000 m2 para un concertado. La Plataforma a favor de la Enseñanza Pública de Colmenar reclamaba para el mismo terreno un colegio público, un instituto, una escuela oficial de idiomas y más plazas de educación infantil, que a excepción de la escuela de idiomas se construirán, pero en una parcela inferior y después del centro privado, ya que su licencia de obra se aprobó con los votos de PP y PSOE.

Estrategias y desatención

Una nueva forma de beneficiar a la empresa privada son los cheques, una ayuda económica que la Comunidad ofrece para potenciar el uso de las escuelas infantiles privadas. Además, se empiezan a utilizar para financiar los libros de texto, “una medida que premia los intereses de las grandes editoriales y limita los proyectos educativos de los centros, ya que les obligan a usar el libro como único material educativo”, denuncia Valentín. Además, según García, “estos cheques no se conceden según las necesidades económicas de las familias”.

La falta de recursos y desatención que sufre la educación pública provoca otros problemas mucho más visibles, como los 600 estudiantes sin escolarizar al comienzo de curso o los 5.000 escolarizados en barracones o en condiciones precarias en Madrid ciudad. Mientras, los concertados evitan los excedentes de otros centros, “ya que muchos desde el final del curso anterior declaran que está lleno”, denuncia García. “Una situación que se solucionaría si la distribución de alumnos la realizara la Administración y los concertados no tuvieran potestad para ello”, declara Ruiz. Además, algunos centros con conciertos exigen que se acepte su ideario, como los del Opus.

Además, algunos centros han sufrido durante el curso nuevas obras debido a que, o no habían finalizado las obras de acondicionamiento veraniegas, o porque a finales de octubre el Ayuntamiento de Madrid decidió pintar otras escuelas. En San Cristóbal, uno de los barrios más abandonados por las instituciones, sus cuatro colegios se encontraban a principios de curso en obras, lo que obligó a los estudiantes del centro público Sagunto a ser acogidos en el Navas de Tolosa y a que, posteriormente, una parte de ellos fuera trasladada de nuevo, ya que tres de las aulas estaban apuntaladas. Otras situaciones extremas se han producido en colegios del centro de Madrid, como el Emilia Pardo Bazán [ver recuadro] o el Santa María, en los que han aparecido grietas en sus instalaciones, algo que el Ayuntamiento considera ‘problemas de asentamiento’, cuando estos centros llevan más de 30 años construidos, como el 70% de los centros de la ciudad. Una situación que consolida el negocio de la enseñanza frente a la educación pública.

Un ‘coto privado’

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