Una victoria de Microsoft en el Congreso

Luis Demano

La PNL fue aprobada casi por unanimidad, con un solo voto en contra, algo inédito en esta legislatura. Tras su aparente inanidad, la PNL incluye algunos puntos envenenados, tomados casi literalmente del lobby de Microsoft. Tanto es así que algunos analistas de la red han considerado la medida una auténtica victoria de Microsoft en el Congreso bajo la apariencia de beneficiar al software libre.

En principio no debe sorprender tanta unanimidad si se tiene en cuenta que la única acción concreta de la Proposición es incluir el software libre en las opciones “a estudiar” en los concursos públicos. El resto de la PNL son sólo principios generales ‘buenistas’, sin concretar acciones ni asumir compromiso alguno. Esto no ha impedido que su promotora, la socialista Lourdes Muñoz Santamaría, presumiese en su blog de haber hecho historia en favor del software libre, o que, frente a los que denuncian una victoria de Microsoft, algunas voces autorizadas, como el propio presidente de Hispalinux, Juan Tomás García, considerasen la Proposición un “hito histórico” y se deshiciesen en elogios hacia la joven diputada. ¿Cómo es posible tanta disparidad de juicio? Rebobinemos. Hace un año exacto la misma diputada y el mismo Congreso de diputados se opusieron de forma aplastante a una Proposición de Ley, con medidas concretas, presentada esta vez por IU y ERC, para la implantación del software libre en la Administración del Estado. La misma diputada que hoy se presenta como paladín del software libre explicó la negativa: su grupo se oponía a una ley que implantase el software libre en la Administración del Estado (como ya sucede de hecho en algunas autonomías) porque apostar por el software libre “en exclusiva” impedía la “libertad de opción”. “Los y las socialistas apostamos por la neutralidad tecnológica y por una Administración que garantice la libertad de la ciudadanía a escoger”, sentenció Muñoz, mezclando temas, ya que no está en discusión lo que usan los particulares, sino si el Estado impone unas condiciones de licitación iguales para todos y favorables a la ciudadanía, o sólo en interés particular de una empresa. ‘Neutralidad’ y ‘libertad de elección’ son las ideas-fuerza de Microsoft para confundir a los políticos y no perder su situación de privilegio, oponiéndose así a las políticas públicas favorables al software libre desde gobiernos y ayuntamientos.

Microsoft lleva tiempo pidiendo ‘neutralidad tecnológica’ a la Administración pública española. Ya lo hizo el propio Bill Gates en una reunión que mantuvo en noviembre de 2004 con el entonces ministro de Industria, José Montilla. Y lo volvió a hacer la consejera delegada de Microsoft Ibérica en su comparecencia en el Senado, en abril de 2005. El tema es muy serio para Microsoft, porque los contratos públicos son los más jugosos y porque España, a través de algunas de sus administraciones regionales y locales, ha ejercido un papel clave en la implantación del software libre en la Administración pública. Tan en serio se lo ha tomado Microsoft que incluso ha creado un lobby específico, la Iniciativa para la Elección del Software, para hacer campaña ante los gobiernos en pro de la ‘neutralidad’. Y se da la circunstancia que la PNL aprobada por el Congreso recoge casi literalmente los mismos principios de ‘neutralidad’ de la Iniciativa para la Elección del Software, socavando así no sólo las campañas promovidas hasta ahora desde el movimiento del software libre para implantarlo en la Administración estatal, sino contradiciendo incluso algunas de las políticas aprobadas por la UE. ¿Significa todo esto que los partidarios del software libre quieren imponerse por decreto al usuario, tal y como Microsoft y la misma diputada Muñoz argumentan? En absoluto.

El software libre, por definición, está a favor de la libertad de elección, de la interoperabilidad y de la neutralidad. No necesita proclamarlo con campañas de márketing. El software libre es, por su misma naturaleza, neutral: ni es una empresa ni representa intereses no neutrales. La PNL no asume el software libre como un bien de interés público, sino como un mero competidor del software privativo. El punto siete de la proposición impide que el software libre sea un requisito para la contratación pública. Es decir, la situación para el futuro del software libre en la Administración del Estado es peor después de la PNL que antes. La PNL es, en resumen, un ejemplo de cómo aprobar una medida política que hace lo contrario que proclama.

En nombre de la neutralidad y la libertad de elección, se impide que la Administración pueda requerir software libre en contratos públicos. Con la apariencia de favorecer el software libre, la PNL recoge los postulados del lobby de Microsoft, que busca neutralizar su implantación y mantener su situación de monopolio de hecho. Pero promover el software libre en la Administración pública no significa fomentar discriminaciones positivas ni perjudicar a ninguna empresa, sino establecer condiciones iguales para todos los actores, dado que ahora una sola empresa acapara el 90% de los ordenadores de la Administración, con importantes servicios al ciudadano que sólo son accesibles usando software privativo.