Las comunidades autónomas que más prisa se han dado en adjudicar alguna de las 866 frecuencias transferidas por el Gobierno estatal han sido precisamente las gobernadas por el PP (Rioja, Madrid y Baleares), que ya han convocado el concurso para su adjudicación. En breve también lo harán Valencia y Murcia. Quienes quieran optar a estas licencias tienen menos de dos meses para presentar la amplia documentación exigida. La adjudicación de las emisoras podría hacerse justo después de las elecciones municipales. Una coincidencia que deberán tener en cuenta los medios y cadenas de radio que optan a estas frecuencias.
¿Y cómo se reparte tan preciado botín? Aunque no lo parezca, la radiodifusión está declarada como un servicio público esencial. El espectro de frecuencias es un bien público (y un recurso escaso) cuya titularidad se ha atribuido el Estado, si bien son desde hace algunos años las CC AA las que se encargan de la adjudicación de radios y TV mediante concesiones de 10 años, renovables. Pasa casi una década entre cada plan técnico, que determina las nuevas frecuencias disponibles.
Luego las CC AA convocan un concurso público para adjudicar las frecuencias asignadas, valorando criterios como el fomento de los valores culturales-sociales de la zona, la pluralidad informativa, la viabilidad del proyecto, etc. En teoría cualquier persona o entidad (incluidas las no lucrativas) pueden presentarse a estos concursos pero tienen que competir con las grandes empresas. La adjudicación no la deciden organismos independientes sino el Gobierno de turno, con la habitual polémica ante el reparto a medios o empresas afines (DIAGONAL n°23). Sólo Cataluña, Navarra, Andalucía y Galicia cuentan con consejos audiovisuales que velen por el cumplimiento de las condiciones de concesión, y sus informes (salvo el reciente caso del Comité Audiovisual de Cataluña) no son vinculantes. Al final muchas concesiones son “vendidas o alquiladas” a alguna cadena de radio, se amplía de forma irregular la cobertura para llegar más lejos. Pero no sólo se especula con las concesiones; en ciudades como Madrid existe un lucrativo negocio de “alquiler de frecuencias vacías” para emisoras comerciales sin licencia.
Hasta hace unos años las radios libres y comunitarias se han desarrollado al margen de esta problemática, liberando una parte del dial para hacer de la radio un espacio de expresión y participación ciudadana. Sin embargo su presencia de más de 20 años en el dial no está siendo ni reconocida ni respetada (Especial DIAGONAL nº 24) y este último reparto de FM nos afectará directamente. La invasión del dial por emisoras comerciales (con y sin licencia) y el bloqueo para acceder a frecuencias de forma legal nos dejan sin espacio en el dial. A pesar del peligro de multas o cierres, la mayor amenaza es la falta de aire para emitir. Una asfixia progresiva que ya sufrimos en Madrid, donde nuestra cobertura es ya muy escasa al ser pisados por otras emisoras. El resultado final: un dial lleno de radiofórmulas y sucursales de cadenas. Pérdida de lo local ante la concentración empresarial. El dial pasará a ser un simple producto, un espacio más para el poder y la especulación. Sólo unos pocos accederán a un bien público y éste no responderá a las verdaderas necesidades sociales.
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