La realidad de Pakistán cada día que pasa se acerca más a un difícil camino que tal vez no pueda tener marcha atrás. Los frentes abiertos en el país asiático se multiplican y la estabilidad de este firme aliado de la estrategia estadounidense en su lucha “contra el terror” se deteriora. El puzzle político y social se muestra muy complejo, con el todopoderoso Ejército pakistaní como actor principal para entender el desarrollo de los acontecimientos. Esta institución es de facto el poder de este Estado, y además se muestra como el principal interlocutor de Washington para llevar a cabo sus planes en la región.
Paralelamente a su influencia política, los militares pakistaníes han generado todo un imperio económico en defensa de sus intereses, cada vez más expansivos. Así, empresas ligadas al desarrollo urbanístico estarían controladas por la red tejida por los militares, que alcanza también a importantes empresas de alimentos, materiales agrícolas y de construcción, bancos y toda serie de infraestructuras del país. Como anécdota se señala que “dos de los mayores conglomerados empresariales, la Fundación Fauji y el Army Welfare Trust, están controladas por militares”.
Los acontecimientos de este verano, tras el asalto de Lal Masjid y las protestas motivadas por el pulso de Musharraf con el poder judicial, han provocado que algunos actores extranjeros muevan sus fichas para lograr un escenario en Pakistán más acorde con sus intereses. De esta manera, tanto EE UU como Gran Bretaña, Arabia Saudita y Líbano han participado en los recientes acontecimientos. Los dos primeros han potenciado un pacto entre el general Musharraf y la dirigente exiliada del Pakistan People’s Party (PPP), Benazir Bhutto, del que sale fuertemente reforzado el actual presidente pakistaní, y concede a Bhutto la posibilidad de volver al país y participar en las elecciones legislativas de enero, al tiempo que concedería su apoyo a la candidatura de Musharraf.
Con este movimiento, tanto Washington como Londres buscan reforzar los pilares de la colaboración de Pakistán, mientras desactivan a otro candidato, Nawaz Sharif, obligado a mantenerse en el exilio. A pesar de contar con el apoyo del capital y de algunos empresarios, Sharif mostró su rechazo a participar en el guión “contra el terror” estadounidense y se convirtió en un personaje incómodo para EE UU. Para lograr ese exilio han intervenido las poderosas familias sauditas y libanesas, que habrían convencido al propio Sharif de que aceptase este nuevo exilio para evitar que el clima político se enrareciera aún más.
El propio Musharraf también se ha movido, intentando lograr un acuerdo con Maulana Fazlur Rehman, cuyo grupo, Jamiat-e- Ulema Islam, es parte de la alianza islamista Muttahida Majlis-e- Amal (MMA). Con esos pasos, el presidente pakistaní ha logrado dividir a la oposición, ya dividida tras el rechazo de Bhutto a formar parte del Movimiento Democrático de todos los Partidos (APDM) formado en julio de este verano.
El apoyo de Bhutto a Musharraf puede pasar factura al proyecto político del PPP, pero dará sus frutos a corto plazo, a la propia dirigente política (que podrá presentarse a la campaña, verá “sobreseídos” los casos de corrupción que pesan sobre ella, y tal vez pueda volver a ser la primera ministra del país) y sobre todo a Musharraf, que recuperaría el favor de EE UU y sus aliados. Para algunos analistas locales, este pacto del “dúo Musharraf- Bhutto” busca en realidad impulsar una nueva alianza entre los militares y los sectores liberales (como en los años ‘60) que desbancaría la que hoy en día mantiene el Ejército con los dirigentes religiosos. Se trataría de forzar un “matrimonio de conveniencia contra el extremismo religioso y el llamado conservacionismo cultural, algo que es muy atractivo para los intereses de EE UU”.
Mientras que la pugna política se aclara cada día, el escenario global del país se deteriora y la violencia se extiende por diferentes partes del país. Los movimientos islamistas radicalizados, nacionalistas de Baluchistán y otros actores contrarios al actual presidente continúan actuando. En este sentido, la situación en Waziristán se presenta como la más violenta y sobre todo como “una muestra simbólica del declive del Estado en la zona”.
El peso del Ejército y la defensa a ultranza de sus propios intereses, las tensiones periódicas entre chiítas y sunitas, las diferentes formas de insurgencia, la radicalización de algunas organizaciones islamistas, la influencia de situaciones vecinas (Afganistán, Cachemira...) las protestas populares contra el régimen de Musharraf son algunos componentes de la compleja realidad de Pakistán, y del propio cuerpo judicial pakistaní, que continuará manteniendo el pulso contra Musharraf.
En los próximos meses las citas electorales y el futuro del actual dirigente del país estarán estrechamente ligados, y a todo ello la estabilidad de Pakistán y de la región. Los poderes fácticos del país siguen pugnando por mantener su status quo, y no sería extraño que se volviera a utilizar el viejo recurso de buscar desestabilizar al vecino (India, Afganistán...) para ocultar las presiones internas.
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