El embrollo jurídico que rodea a la urbanización del Alto del Cuco no para de crecer y demuestra, una vez más, que la Justicia está en ocasiones muy lejos de ser una herramienta para salvaguardar los intereses generales, y que sus procedimientos terminan por convertirse en instrumentos de los poderosos.
Lo último en el caso es que el Tribunal Supremo (TS) ha dado vía libre al Ayuntamiento de Piélagos y a la constructora Fadesa para que puedan presentar un recurso de casación contra la sentencia, de marzo de 2007, del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC). Dicha sentencia estimó el recurso presentado por la Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA) contra el Plan Parcial del Alto del Cuco, declarándolo nulo. En aquel momento, el TSJC había declarado la improcedencia del recurso ante el Supremo, pero ahora habrá que esperar otros cuatro o cinco años más. Sin embargo, conviene dejar las cosas claras. El Plan Parcial del Alto del Cuco ha sido anulado en primera instancia por el TSJC y las obras de construcción están paralizadas cautelarmente por orden judicial.
Además ARCA ha recurrido todas las licencias de obra concedidas en el ámbito del Plan Parcial. Por lo tanto, es posible que el próximo año presenciemos un rosario de sentencias, anulando las licencias y ordenando la demolición de todo lo construido. Probablemente los responsables no van a quedarse quietos y apuesten por dilatar los procedimientos hasta ganar una posición política favorable a sus intereses que implique la aprobación de un nuevo Plan Parcial que legalice de facto el anterior.
Por su parte, ARCA ya ha tenido la ocasión de decirle a Mazón que el Alto del Cuco debe quedar libre de cualquier uso urbanístico y protegido por el Plan de Ordenación del Litoral (POL) por su enorme valor paisajístico. Previamente habrá que demoler todo lo que se ha construido y redactar un proyecto de restauración ambiental.
Algo “voló” sobre el Alto del Cuco
La Asociación para la Defensa
de los Recursos Naturales
de Cantabria (ARCA) ha
estado durante muchos
años tratando de evitar la
urbanización del Alto del
Cuco, en concreto desde
1994, cuando la asociación
ecologista presentó un recurso
de súplica ante el Consejo
de Gobierno de Cantabria
y solicitó la anulación de la
denominada Modificación y
Adaptación del Plan de
1986. Dicho documento
recalificaba los suelos protegidos
del litoral de Liencres y
planteaba grandes sectores
urbanizables por toda la sierra
de La Picota, donde se
encuentra enclavado el Alto
del Cuco. El Gobierno lo desestimó
y ARCA volvió a la
carga en 1996, presentando
un informe técnico-jurídico
sobre la situación urbanística
de Piélagos y solicitando
la suspensión del Plan General
de Ordenación Urbana
(PGOU) en un área concreta
(costa de Liencres y
entorno de La Picota) para
evitar los graves costes paisajísticos,
ambientales y
económicos que se avecinaban
con la aplicación de
un planeamiento manifiestamente
ilegal.
Ante el silencio y la pasividad del Gobierno de Cantabria y de la oposición parlamentaria, ARCA ha tenido que acudir de forma reiterada ante los Tribunales de Justicia en defensa del interés general y la legalidad urbanística, con el resultado de cuatro urbanizaciones con sentencia firme de demolición en Liencres y el Plan Parcial del Alto del Cuco anulado. Antes, en 2004 y durante la tramitación del Plan de Ordenación del Litoral (POL), la zona del Alto del Cuco fue propuesta por la Consejería de la que es titular Vicente Mediavilla como un área protegida.
Sin embargo, el Ayuntamiento de Piélagos aceleró la aprobación del Plan Parcial y obligó a ARCA y al propio Gobierno de Cantabria a interponer un recurso contra el mismo. Pero lo peor de todo es que el Ayuntamiento no esperó a conocer el fallo de los Tribunales sobre la legalidad del Plan Parcial, sino que aceleró la concesión de licencias a Fadesa y entre ambos han dejado atrapadas a casi 400 familias en un conflicto que solo puede ocasionarles perjuicios de todo tipo.
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