Los servicios sociales siguen sin dirección

El 20 de julio de 2007, el Consejo de Gobierno confirmaba en sus cargos a María Luisa Real y a Julio Soto como directores generales de Servicios Sociales y Políticas Sociales, respectivamente. Anteriormente, las competencias en materia de servicios y políticas sociales se habían transferido de la Consejería de Sanidad a la nueva Consejería de Empleo y Bienestar Social, cuya responsable es la vicepresidenta del Gobierno de Cantabria, Dolores Gorostiaga.

En un primer momento, podría pensarse que la nueva ubicación de Servicios Sociales es una decisión acertada. Sin embargo, la estructura de la Consejería de Empleo y Bienestar Social no incita a un excesivo optimismo, ya que estamos hablando de otra macroconsejería en donde los servicios sociales probablemente continuarán siendo algo más bien secundario, como ya lo fueron en la Consejería de Sanidad. Pero, en todo caso, el problema es mucho más básico, puesto que las direcciones generales mantienen exactamente las mismas funciones y competencias que en el período anterior, 2003-2007. Lo cual no provoca demasiado optimismo. Sobre todo si, además, tenemos en cuenta la renovación de sus antiguos responsables, cuyas actuaciones se resumen en dos palabras: ineficacia e inoperancia. La directora de Servicios Sociales ha estado ‘desaparecida’ la mayor parte del tiempo. Y el director de Políticas Sociales, Julio Soto, asumiendo muchas veces las funciones de su colega, ha demostrado ampliamente su incompetencia como interlocutor para la mayoría de los colectivos de afectados.

Cuando en el año 2003 cambió el Gobierno de Cantabria y las competencias sociales pasaron a manos ‘socialistas’, muchas personas expresaron su esperanza de que algo podía cambiar, después de las nefastas políticas del Partido Popular. Los responsables de Sanidad y Servicios Sociales han expresado hasta la saciedad su apuesta por los servicios públicos. Empero, sólo han sido palabras vacías y todo ha seguido igual o peor que con el PP. Dicha apuesta por lo público no se ha visto reflejada en un aumento de los presupuestos y recursos en esta materia. Más bien, se ha mantenido el mismo funcionamiento. Y la apelación a lo público muchas veces se ha utilizado por parte de la administración regional como argumento para negar las solicitudes de ayudas a los centros de las asociaciones sin ánimo de lucro. Más allá del ‘humo mediático’ al que nos tienen acostumbrados los políticos de turno, no ha habido un estudio serio que aborde la epidemiología y las necesidades de las personas en situación de exclusión. Obviamente, sin este tipo de estudios es prácticamente imposible elaborar un plan de acción específico para cada sector. Como no existen estos datos, la administración ha dado palos de ciego y sus políticas han estado condicionadas más por intereses clientelistas o presión social que por criterios rigurosos.

Tampoco se ha contado con la mayoría de las asociaciones de afectados, aunque sólo fuera para conocer su opinión. Todo esto es muy grave si tenemos en cuenta que son las asociaciones de afectados y familiares las que se encargan de paliar la falta de estructuras públicas para atender a estas poblaciones. En los tiempos del PP se hacía el paripé y de vez en cuando se reunían los distintos consejos consultivos de asociaciones de afectados, aunque luego los políticos hicieran lo que les diera la gana. Con el PSOE ni siquiera se han reunido. Por otro lado, las distintas unidades de servicios y políticas sociales se encuentran aisladas y desestructuradas.

Y, sobre todo, existe un tremendo vacío en lo que respecta a aquellos colectivos que por sus especiales características (drogodependientes, enfermos mentales, discapacitados, mayores y dependientes en general) requieren de órganos de coordinación entre las distintas estructuras sanitarias, residenciales, sociales, educativas, etc. ¿Con estos mimbres se pretenden llevar a cabo la ley de dependencia y, sobre todo, la ambiciosa ley de derechos sociales, aprobada en Cantabria poco antes de las elecciones?