Periódico Diagonal

Gran Scala: un año jugando a la ruleta en Aragón

Israel — 2008-12-29T17:20:59Z

Al final de 2007 se anunciaba un proyecto de juego, al estilo Las Vegas y denominado Gran Scala, que supondría una nueva ciudad del juego. ¿Qué ha sido de él?

Un año después del anuncio de esta ciudad del juego prevista para 100.000 habitantes (la segunda más poblada en Aragón) en el desierto de Monegros, repasamos con uno de los portavoces de la plataforma Stop Gran Scala, J.L. Martínez, el estado del proyecto y la evolución de las resistencias articuladas.

Durante este año de Gran Scala, algunas cosas, como el contenido del proyecto o el apoyo del Gobierno de Aragón (PSOE-PAR), han permanecido intactas. Otras, como la percepción social del negocio o la composición de las resistencias, se han ido modificando. Al inicio, Martínez reconoce que fue fundamental la oposición rápida y tajante de los sectores antagonistas de los movimientos sociales y de IU en Aragón. “Esto compuso el primer núcleo de la campaña, que partía de una razón política esencial: si la patronal del juego de Las Vegas desembarca aquí, con el apoyo de la clase política, esta tierra está acabada”.

A partir de ahí, fueron sumándose enfoques de los distintos impactos del proyecto: sobre el medio ambiente, el modelo de empleo o la vida local. Esto impulsó la plataforma Stop Gran Scala, que ha liderado la oposición al evento y que, junto a las informaciones aportadas por algunos medios sobre los promotores (ILD), ha incidido decisivamente en el cambio de la opinión pública. Sobre esta base, la oposición ha ido incorporando otros sectores sociales, como la gran mayoría de organizaciones cristianas de base y la Chunta Aragonesista, partido que definió esta postura tras un intenso debate interno. Para Martínez, esto muestra cómo el movimiento ha sido capaz de acumular apoyos en torno a su oposición originaria. En la actualidad, el objetivo de la plataforma es “formar un grupo de presión fuerte, cuyas aspiraciones van más allá de la viabilidad del proyecto”.

Operación desgastada

A la oposición exterior se suma el propio desgaste interno de la operación Gran Scala. “El negocio para los promotores era comprar unos terrenos muy baratos y venderlos mucho más caros a unos inversores exteriores, atraídos por la confianza que otorgaba el apoyo institucional a la operación. Como el proyecto tuvo que hacerse público prematuramente, la compra de terrenos se complicó”, declara Martínez.

A su vez, el crecimiento de la oposición ha bloqueado la vía de las expropiaciones. Para el portavoz, el estancamiento del proyecto prueba su falta de solidez: “Con todo un Gobierno a favor y en un año, los promotores no han desembolsado ni un duro para la ejecución”. En este contexto, la Plataforma insistirá con sus movilizaciones hasta que el Gobierno de Aragón rompa sus acuerdos con los promotores: “En definitiva, la operación Gran Scala es una opción política y un debate que no puede aparcarse, sobre todo ahora”.

Oposición a pie de obra

Durante este año, las movilizaciones multitudinarias en Zaragoza se han combinado con una pluralidad de resistencias en el territorio donde se proyectaba “la ciudad del juego”. A la ubicación inicial en Los Monegros le siguió la formación, en su capital Sariñena, de la plataforma Monegros No Se Vende. A su vez, siempre han aparecido minorías de propietarios que, pese a no poder hacer público su desacuerdo con el proyecto, han disentido, al considerar la incompatibilidad de Gran Scala con su modo de vida actual. A esto se añaden sectores juveniles y las organizaciones del Baix Cinca, como Docentes Contra Gran Scala, que han organizado la oposición en núcleos más poblados, como la capital, Fraga, de 15.000 habitantes, conforme el proyecto se desplazaba al este.

Teruel sí existe para las industrias contaminantes

Israel — 2008-12-29T17:16:54Z

El coste medioambiental de ciudades ‘marca' como Zaragoza se exporta a zonas periféricas como Teruel, que se ha convertido en el sumidero de plantas industriales altamente contaminantes. La despoblación y la escasa movilización social, junto al beneplácito de la Administración en Teruel, constituyen una fatal combinación.

Las dinámicas económicas territoriales de estos últimos años han convertido al Estado español en un escenario de fuertes competencias entre territorios para atraer las limitadas inversiones industriales. Cada administración local se esfuerza por poder vestir sus mejores galas, pero ello se hace siempre haciendo un uso desigual de los recursos. A medida que una ciudad se convierte en máquina de crecimiento y desarrollo, se acentúa el desequilibrio entre zonas limítrofes.

La desigualdad territorial en Aragón se ha agravado aún más últimamente por el papel protagonista que ha tomado la ciudad de Zaragoza con la Exposición Internacional del Agua (clausurada en septiembre), y con el proyecto de nuevas cementeras en distintos puntos del Bajo Aragón. Teruel, en un proceso que lleva ya años, viene alojando en su parcialmente despoblado territorio plantas industriales con alto nivel de contaminación. Con el beneplácito no declarado de la Administración autonómica, que carece por completo de un plan de ordenación del territorio, los intereses privados de las industrias aprovechan ese relativo despoblamiento y la poca protesta que ahí se puede generar para implantar lo que en otros lugares de la región nadie imaginaría.

Sumideros despoblados

Pero a nadie se le escapa lo cíclico de este asunto, pues Zaragoza, como gran ciudad que es, hace de atractor de población contribuyendo al despoblamiento de los territorios de su entorno, creando zonas lo suficientemente vacías como para absorber este tipo de industrias, que a su vez empujan a la gente a vivir en otros entornos más atractivos. Planta biodiésel en Sarrión, centrales térmicas en Mequinenza y Fayón, parques eólicos dispuestos sin ningún criterio ambiental ni paisajístico por la zona de Albentosa, fundición de plomo en Albalate y las grandes protagonistas de ahora: las cementeras. Estos motores sucios se venden a la población con el argumento persuasivo, casi siempre bien aceptado, de los puestos de trabajo que traen al lugar. Incluso el aeropuerto que está proyectado para la ciudad de Teruel no va a ser un aeropuerto convencional para el transporte de pasajeros, sino que será un aeropuerto que servirá de mantenimiento y desguace de aviones. El grupo de Ecologistas en Acción- Otus lleva ya 25 años batallando este tema en la provincia y se encuentra desbordado por el interminable número de proyectos contraindicados que caen por esa zona, e indignados por la poca resistencia que la ciudadanía ofrece.

La causa de esto último puede estar en los pocos resultados que han tenido las escasas movilizaciones. Según esta organización, la mayor movilización se produjo hace dos años en el pueblo de Albalate del Arzobispo como consecuencia de la implantación de una planta en la que se recogen baterías usadas de todo el Estado español y son recicladas para la recolección de plomo: 22.000 toneladas al año de este metal altamente tóxico. A pesar de la fuerte movilización, exigiendo a la Administración que tomara medidas, no pudo detenerse.

Rosario de cementeras

Actualmente en Teruel hay proyectadas tres cementeras: en Torrijo del Campo, donde no hay oposición; en Albentosa, donde la población está mostrado su disconformidad porque va a truncar las posibilidades de desarrollo turístico que tiene el Valle de Olba por su belleza; y la de Concud, que es la que está provocando una mayor oposición al encontrarse en una zona periférica de la ciudad de Teruel. También la planta de biodiésel de Sarrión está generando un conflicto en el que el Ayuntamiento del pueblo ha decidido optar por hacer oídos sordos a las demandas de la ciudadanía para el cierre de la planta.

Raquíticos resultados en la cumbre anual del cambio climático en Poznan

Israel — 2008-12-29T17:08:33Z

Cada oportunidad perdida, como la de este año, pone más obstáculos y atajos de última hora en el esencial próximo acuerdo de Copenhague en 2009 sobre cambio climático.

Las negociaciones internacionales sobre cambio climático en el seno de Naciones Unidas están llegando a su punto culminante. Dentro de un año, en diciembre de 2009, deberá acordarse en Copenhague el próximo texto que sustituirá al Protocolo de Kioto a partir de 2013. Y si algo enseñó el proceso que condujo a Kioto fue que las presiones para diluir los acuerdos cobran más fuerza, hasta hacerse prácticamente insoportables, según el tiempo se va acabando. De ahí que el resultado fuese calificado como un primer paso, insuficiente a todas luces, en la lucha mundial contra el cambio climático.

En este escenario se presentaba la Cumbre anual en Poznan (Polonia), la llamada COP14 (Conferencia de las Partes número 14). De este encuentro debían salir encaminados para su resolución en Copenhague la mayoría de las líneas de trabajo y temas abiertos. La agenda de los negociadores, que incluye a todos los países del mundo, era amplia y densa.

Sin embargo, la andadura comenzaba lastrada por dos hechos. El primero de ellos se conocía desde bastantes meses antes: la participación de la nueva administración estadounidense no sería posible hasta enero. El segundo era más reciente pero no menos importante: la aprobación de la política europea, materializada en lo que se ha dado en conocer como Paquete de Clima y Energía, se produciría en paralelo los últimos días de la Cumbre. Ambos restaban una cualidad muy valorada en estos foros, el liderazgo.

Como creadores del problema del cambio climático y exportadores de las estructuras y modos de vida que conducen a él, los países del Norte deben asumir una parte inmensamente mayor de responsabilidad en la búsqueda de su solución. De esta forma, a ellos (a nosotros) les corresponde en primer lugar comprometerse a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, en la línea de lo que dictan los científicos del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC en sus siglas en inglés) y, en segundo lugar, transferir recursos de todo tipo (dinero, tecnología y conocimientos) a los países del Sur, tanto para adaptarse a los efectos del cambio climático como para conseguir modos de vida independientes del carbono.

Concesiones a la industria

Pues bien, aunque los medios de comunicación hayan difundido una imagen idílica, nada de esto se produjo. La UE terminó presentando a última hora un acuerdo interno con un objetivo por debajo de lo necesario, con importantes concesiones a la industria y a algunos países como, irónicamente, la organizadora Polonia.

Lo más cercano a un resultado fue la puesta en marcha del Fondo de Adaptación por el que los países del Sur recibirán ingresos para realizar actuaciones que palien los impactos del cambio climático en su territorio. Los ingresos de dicho Fondo dependen de los proyectos de los Mecanismos de Desarrollo Limpio, que las empresas de los países del Norte realizan en los del Sur y compensan así sus emisiones contaminantes en sus países de origen.

En un momento en el que estos proyectos se encuentran en entredicho por haber creado nuevos problemas, como los monocultivos forestales a las comunidades de algunos puntos de Latinoamérica, o el fomento de plantas de fabricación de ciertos gases agotadores de la capa de ozono en China, este acuerdo no parece la mejor solución. Por no hablar de los intentos de incluir dentro de estos mecanismos la captura y almacenamiento de carbono para enterrar el CO2 producido por las centrales térmicas de producción de electricidad que, promovido intensamente por Arabia Saudí, toma cada vez más cuerpo dentro de un futuro acuerdo.

El futuro en el año próximo

El trabajo para 2009 comienza con grandes quejas de los países del Sur. Tal y como apuntaba uno de sus representantes: “Este foro comenzó siendo el de la seguridad alimentaria y la justicia climática, y se ha convertido en el de las transacciones de carbono”. En términos generales, lo que se pretende es la cuadratura del círculo: mantener el incremento de temperatura por debajo de los 2° mediante mecanismos de mercado llevados a cabo por los mismos actores que causaron y causan el problema de un modelo basado en los combustibles fósiles.

Justicia climática, un nuevo movimiento social

En Poznan se han hecho visibles más que nunca aquellos y aquellas que, al igual que en el pasado, quedan excluidos de las decisiones que les afectan. Las comunidades indígenas denuncian por ejemplo que, para el nuevo mecanismo de Reducción de la Deforestación y la Degradación forestal (REDD), se vaya a compensar a quienes tradicionalmente han destruido estos espacios mientras que ellos y ellas y sus derechos, quedan al margen. Asimismo, las peticiones para la inclusión en el proceso de la visión de la justicia de género relacionada con el cambio climático ha sido rechazada por la propia Secretaría de la Convención de Naciones Unidas. El espíritu de multilateralidad e integración con que ha sido presentada tradicionalmente la Convención de cambio climático queda, con estos casos, en grave entredicho.

Un nuevo movimiento social mundial está surgiendo, el de la justicia climática, que pretende señalar las falsas soluciones que se están poniendo en marcha y reorientarlas hacia las reales: mantener los combustibles fósiles en el subsuelo, soberanía alimentaria, mercados locales, etc.

25.000 mineros con pensiones de invalidez permanente por silicosis

Israel — 2008-12-29T16:59:41Z

La huella que el carbón ha ido dejando en España se vuelve más negra a medida que nos acercamos a la provincia de León y a la región de Asturias. En esta demarcación asturleonesa se concentra más del 80% de la producción nacional de antracita, cifra que se eleva al 90% si nos referimos a la hulla. Las elevadas concentraciones atmosféricas de polvo de carbón en sus explotaciones inciden negativamente en la seguridad laboral y la salud de los mineros de la zona. A principios del siglo XX, leoneses y asturianos trabajaban a destajo en esta atmósfera insalubre sin horarios definidos, bajo la norma patronal de que, en función de lo que quisieran ganar, tantas horas debían trabajar. Pero no hace falta remontarse un siglo atrás. En la actualidad, los datos oficiales hablan de 25.000 mineros asturleoneses con pensiones de invalidez permanente por silicosis, enfermedad profesional asociada a la extracción del carbón.

Instituto Nacional de Silicosis

No es casual que el Instituto Nacional de Silicosis (INS), único nacional para el tratamiento paliativo que requiere esta enfermedad, se ubicara en Oviedo, en un intento de dotar a la región asturleonesa de un centro que ayudara a paliar la trágica situación que vivían los mineros de la demarcación. Hasta la creación del INS, en el año 1970, la silicosis llevaba irremediablemente a la muerte. Es difícil conocer datos concretos sobre el número de fallecidos por silicosis, puesto que la mayor parte de casos ni siquiera se había diagnosticado previamente. “Los mineros que no fallecían en accidentes laborales, lo acababan haciendo por silicosis; de una forma u otra, la profesión llevaba asociada su propia pena de muerte”, explica José Sala, jefe clínico de Neumología del Hospital de Oviedo. Los altos niveles de material particulado no sólo inciden en las condiciones laborales de los mineros, sino que las poblaciones asturleonesas cercanas a las explotaciones también v en afectadas su salud ambiental. Las denuncias no cesan. Mientras que en Villablino (León) se estima que más de 150 familias respiran día tras día el polvo de la montaña de carbón, en Mieres (Asturias), la Coordinadora Ecoloxista alerta sobre los niveles de partículas en suspensión y de óxidos de nitrógeno del municipio, por encima de los máximos establecidos por la directiva europea en vigor.

Portada del nº 92

Ursula — 2008-12-29T16:57:29Z

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La mayor mina de cobre a cielo abierto de Europa, en Sevilla

Israel — 2008-12-29T16:56:07Z

Los impactos ambientales derivados de la extracción de cobre a cielo abierto son ya muy graves, pero pueden llegar a ser irreversibles si afecta a las aguas subterráneas y superficiales del alrededor.

El proyecto minero Cobre las Cruces, situado entre los municipios sevillanos de Gerena, Guillena y Salteras, es propiedad de la empresa minera canadiense Inmet Mining Corporation. El proyecto consta de una cota minera (considerada la mayor mina a cielo abierto de extracción de cobre en Europa), y de unas instalaciones para transformar el mineral en metal cobre, que necesitan gran cantidad de agua para su funcionamiento. Una vez utilizada en el proceso productivo, previa depuración, el agua es conducida al río Guadalquivir para verterla a la altura del municipio de La Algaba. Para responder a las presiones por parte de los habitantes de este municipio y de grupos ecologistas de la zona sobre la incertidumbre en relación a las consecuencias del vertido en el río, la empresa minera encargó a una gestoría medioambiental la realización de un estudio sobre las posibles afecciones para las aguas. El informe encargado asegura que el vertido no tendrá consecuencias, y que dichos riesgos están asociados a situaciones de déficit hídrico en la cuenca. Resulta paradójico porque esta cuenca es una de las más castigadas por la sequía de España, y por otro lado, la del Guadalquivir está ya muy deteriorada debido a la variedad de vertidos contaminantes que acaban en sus aguas. Actualmente esta situación no impide los usos del río abajo del vertido. Unas 30.000 hectáreas. de arrozal se nutren de las aguas que después alimentan las marismas del Parque Nacional de Doñana, y en la desembocadura del Guadalquivir y el Golfo de Cádiz hay una actividad pesquera muy importante.

Impactos en el acuífero

A su vez, el yacimiento se sitúa justo debajo de una parte del acuífero Niebla Posadas (una de las pocas masas de agua subterráneas de la zona que no está contaminada). Para llegar hasta él, la empresa diseñó un modelo de sistema llamado “drenaje-inyección”, consistente en una serie de sondeos de drenaje en la cota que deprimirían las aguas del acuífero para poder acceder al mineral, conectada, a su vez a unos sondeos de inyección que reinyectarían las aguas en otra parte del acuífero. Debido a las deficiencias detectadas cuando ha entrado en funcionamiento dicho sistema, en septiembre, la Fiscalía de Sevilla ha interpuesto una querella criminal a la empresa por contaminación de las aguas con arsénico, entre otros cargos, después de que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir suspendiera el permiso del citado sistema. Actualmente, dichas administraciones están a la espera de que la empresa asegure la fiabilidad de sus actuaciones. Las consecuencias de una posible contaminación, tanto de las aguas superficiales, como subterráneas, serían irreversibles.

Arroz Ku-bak con verduras

Ursula — 2008-12-29T16:55:27Z

INGREDIENTES:

1 taza en rodajitas finas de: cebolla, calabacín, zanahorias y setas shiitake
2 cucharadas soperas de salsa de soja
cubito de caldo
1 cucharada sopera de harina de trigo
1 taza de agua y 1 taza de arroz (normal/basmati).

ELABORACIÓN: Este tipo de arroz es una especialidad que solemos tomar en los restaurantes chinos, y en realidad no se vende: cada restaurante lo hace de forma casera. El arroz hay que ponerlo a remojo en agua caliente unas 2 horas antes de echarlo a la bandeja caliente o en su defecto al wok. La salsa se hace aparte. Escurrir y echar el arroz sobre un papel de cocina para escurrir el agua restante. Preparar una sartén con aceite, y cuando esté bien caliente, echar rápidamente el arroz. El arroz se hinchará muy pronto, entonces escurrir y poner de nuevo sobre papel de cocina. Para la salsa: echar una cucharada sopera de harina de trigo en taza y media de agua, y diluir. Calentar cinco cucharadas soperas de aceite de oliva en una sartén. Añadir la cebolla en rodajitas. Dorar. Añadir la zanahoria y el calabacín. Freír continuamente hasta dorar. Añadir las setas, la salsa de soja y el caldo. Añadir despacio la harina diluida en el agua, removiendo la mezcla. Calentar hasta hervir (si la salsa espesara en demasía, añadir agua a voluntad). Finalmente verter la salsa bien caliente sobre el arroz, sin dejar de remover. Nota: Para conseguir el famoso arroz inflado, hay que lavar ligeramente el arroz, y después se cuece al vapor durante unos 20 minutos, saldrá hecho y en seguida se lava para que suelte el almidón y se enfríe. Se deja secar y se mete en aceite muy caliente, lo que hará que se hinche el arroz.

“La única manera de proteger y blindar la zona es con un referéndum”

Israel — 2008-12-29T16:51:56Z

El valle del Baztán, Iruñea, conserva un entorno social y ambiental que lo hace muy particular. Preocupada por su posible pérdida, Garbiñe nos explica el conflicto minero que viven en la zona.

En enero de 2002 se constituye en Elizondo la plataforma ciudadana Erdizen Aldeko Plataforma convocando a colectivos, sindicatos y ganaderas. El motivo: la presencia de la corporación minera de capital extranjero Magnesitas de Navarra (MAGNA) en Erdizaga. El valle del Baztán es uno de los pocos recodos del Estado donde se conservan formas tradicionales de organización jurídica y socioeconómica (reconocidas por la cláusula de derechos históricos de la Constitución). En su vida política, además de un único Ayuntamiento que aglutina a los 15 pueblos que conforman el valle, existe la Junta General que tiene competencias sobre los terrenos comunales. Cuenta con 19 representantes de los 15 pueblos del Baztán elegidos en batzarre o asamblea. El pastizal de Erdiz, de tradición ganadera, cinegética y recreativa, ha sido categorizado como Zona de Especial Conservación (ZEC) y Lugar de Interés Comunitario (LIC) por la UE por su alto valor ecológico y paisajístico.

DIAGONAL: ¿Por qué se creó Erdizen Aldeko Plataforma?

GARBIÑE ELIZEGI: El objetivo de la plataforma ha sido desde el inicio proteger el paraje de Erdiz y parar un proyecto con balance negativo por sus beneficios económicos, ecológicos, sociales y culturales para el valle. La plataforma surgió para defender la postura de protección de nuestro entorno natural (ganadería, montañismo, fauna, flora…) y para exigir a las instituciones información transparente y un debate justo sobre el tema. Desgraciadamente nuestras instituciones no han estado a la altura de las circunstancias.

D.: ¿Qué momentos y acciones te parecen claves en el conflicto y qué papel habéis jugado en ellos?

G.E: El asesoramiento legal ha sido una de las estrategias clave. El Ayuntamiento, el Gobierno y la empresa han utilizado la ignorancia del pueblo. El Ayuntamiento trató de hacernos creer que la decisión sobre el proyecto era del Gobierno de Navarra. Éste dijo lo contrario. Finalmente, un abogado confirmó que la competencia es de la Junta General. En 2006 se descubrió que el partido gobernante negociaba con MAGNA la explotación de la mina a cielo abierto. La comunicación con el Ayuntamiento se deterioró. Ante su indiferencia, hicimos campaña con los medios de comunicación locales explicando la situación. Convocamos una manifestación para demostrar que no éramos cuatro “radicales cavernícolas”. Recogimos 2.000 firmas de gente de todas edades e ideologías en una población de 8.000. Esto nos dio fuerza, poder y legitimidad. Apostamos por una consulta popular desde la Junta para potenciar las instituciones locales y facilitar la participación, pero el Ayuntamiento la saboteó. A través de los medios locales y otra manifestación promovimos la idea de un referéndum legal. Comenzamos una negociación que fracasó por falta de voluntad del Ayuntamiento. Contratamos una consultora ambiental para realizar un estudio objetivo sobre el impacto ambiental, social y cultural del proyecto en Baztán.

D.:¿Qué apoyos y obstáculos habéis tenido?

G.E: Apoyos de muchas personas particulares: técnicas de medio ambiente del Gobierno de Navarra, biólogas y técnicas. Nuestro abogado, Juanje Soria, que nos prestó asesoría legal gratuita y nos guió en los momentos difíciles. Colectivos, asociaciones culturales, deportivas, sindicatos y partidos políticos: EHNE, LAB, EAE-ANV, casas rurales locales, BKT, Jo ala Jo, Gurelur, Ekologistak Martxan. Obstáculos, muchos. Sobre todo, MAGNA y su manipulación mediática; el periódico Diario de Noticias con su campaña de difamación y satanización de la plataforma con el periodista local Lander Santamaría entre otros y el Ayuntamiento, nuestro mayor obstáculo.

D.: ¿Cómo describirías la actuación de MAGNA?

G.E: Ha sido la de cualquier multinacional de esa magnitud: el fin justifica los medios. Intentó comprar al Ayuntamiento y al pueblo con su dinero y vender un proyecto con mentiras. Patrocinó el equipo de fútbol y de balonmano; ofreció unos 130.000 euros al año al Ayuntamiento a cambio de la explotación y 6.000 euros a cada casa rural para “promocionar” el turismo; patrocinó el primer libro de Lander Santamaría; realizó un vídeo con su proyecto minero idílico, trató de chantajear a la plataforma... En definitiva, lo habitual en este tipo de empresas.

D.: ¿Qué opinas de la retirada del proyecto que comunicó MAGNA en enero de 2008?

G.E: Creo que es una estrategia más. La calidad de la magnesita de Erdiz es muy valiosa. Esto hace que no bajemos la guardia. Por eso y por la desconfianza hacia nuestras instituciones creemos que MAGNA volverá la siguiente legislatura. Creo que la única manera de proteger y blindar la zona es a través de un referéndum y no es casualidad que las instituciones se hayan negado a hacerlo.

Impactos de la minería en el Estado español

Israel — 2008-12-29T16:44:47Z

El funcionamiento del sector minero trasciende fronteras. La alianza con instituciones públicas y la poca responsabilidad social ante los costes socioambientales que tiene su actividad se repiten en cada proyecto.

En el pasado número analizábamos los procesos que vividos en diferentes países de América Latina respecto a las explotaciones mineras. Grandes multinacionales controlan los yacimientos de los países empobrecidos, generando sus propios beneficios para el norte y dejando contaminación y pobreza para el sur. Mientras, los gobiernos que tendrían que ser, al menos, mediadores entre las poblaciones afectadas y las empresas, se alían claramente con estas últimas, aportándoles facilidades a todos los niveles. Pero, ¿qué pasa en el norte? ¿Cómo es la minería en el Estado español?

Diferencias y semejanzas

En el Estado español se importa tres veces más de lo que se exporta y la producción mayoritaria es de minerales industriales.

Desde que en 2003 finalizó la minería de zinc y plomo, la producción de minerales metálicos se redujo casi a la mitad y en la actualidad consta básicamente de la extracción de oro en Asturias. En cuanto a los recursos energéticos también se han visto en descenso, sobre todo con el carbón, un mineral que en cuatro décadas ha pasado de ser el combustible básico a ser un producto considerado de segunda y sucio. Aún siendo clasificado como país “desarrollado” y sin estar atado a la deuda externa ni ser un punto de mira para la explotación minera mundial y teniendo leyes medioambientales más estrictas y directrices europeas al respecto, parece que la lógica dentro del sector minero no es muy diferente a la de los países del sur.

Una decena de empresas son las que controlan la producción minera en el Estado español, donde existen más de 4.000 explotaciones. También aquí encontramos varios casos, como el del valle de Baztán, donde las instituciones públicas se posicionan claramente a favor de las empresas sin atender las preocupaciones de la población. La minería tal y como se practica hoy en día produce graves impactos en el entorno y en el paisaje, impactos sociales, impactos en las economías locales y graves impactos en la salud humana como sucede en el área de Asturias y León.

El Decreto Aguirre, la infancia y las mujeres

Israel — 2008-12-29T16:34:31Z

LOS MOVIMIENTOS SOCIALES ANTE LA PRIVATIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Uno de los pilares del paradigma neoliberal –las actuales recetas contra la crisis no parecen ir a contrapelo de esta visión– es la privatización de los servicios públicos. La defensa de lo que queda de lo público puede ser un espacio de cruce y encuentro transversal de los diferentes movimientos sociales. Aportamos un análisis sobre la privatización de la educación.

La aprobación del llamado Decreto Aguirre, del 12 de marzo de 2008 que aborda los requisitos mínimos para impartir el primer ciclo de Educación Infantil en la Comunidad de Madrid, supone una agresión para la infancia sin precedentes desde la Transición. Las personas más afectadas serán los y las niñas de entre cero y seis años. Pero también las mujeres soportarán especialmente sus consecuencias. Por ello, desde el movimiento feminista conviene reflexionar sobre la aplicación de este decreto.

El desarrollo de la Educación Infantil en España ha estado atravesado por la evolución de aspectos socioeconómicos, ideológicos, la división sexual del trabajo asalariado y la asignación social de las tareas de cuidado a las mujeres. También aparece vinculado a la Transición política. Durante dicho periodo se desarrollaron con fuerza Movimientos de Renovación Pedagógica en todo el Estado, que implicaron a gran parte de la sociedad en la reivindicación del derecho a la educación de todas las personas, entendiendo el hecho educativo de forma compleja e integral y superando el concepto de escuela como mero espacio de adiestramiento. Surge el concepto de Escuela Infantil frente al concepto guardería asociado éste a la sustitución de las labores de cuidado que las madres, recién incorporadas al mercado laboral, no podían realizar.

La historia de la Educación Infantil ha pasado por diferentes momentos. La vieja reivindicación de una ley general que regulara la etapa entre los cero y seis años y los principios pedagógicos que la sustentaban fueron diluyéndose. También los Movimientos de Renovación Pedagógica se desmovilizaron paralelamente a los continuos cambios legales que iban desvirtuando el proyecto de la escuela infantil pública: partición de la etapa en dos ciclos, abandono de algunos principios pedagógicos, recorte presupuestario y de recursos humanos, junto a un creciente protagonismo de la iniciativa privada.

El Decreto Aguirre pone la ‘guinda' a este proceso degenerativo, proporcionando el marco legal definitivo para abrir al mercado la educación infantil, en la misma línea que en otras etapas educativas y servicios públicos como la sanidad. Los aspectos más relevantes de este decreto son: incremento notable de las ratios (número de niños y niñas por aula), recorte del número de profesionales y su formación, y reducción o desaparición de los espacios al aire libre. Además, se posibilita utilizar las escuelas para actividades mercantiles. Todo ello acompañado de una importante subida (60,24%) en las cuotas que pagan las familias con menos ingresos, y del desarrollo del ‘cheque guardería' (repartir dinero público entre las familias para ‘ayudarlas' a pagar un centro privado). A la vez, se paraliza la inversión en el mantenimiento y creación de centros públicos. Estas medidas tendrán graves consecuencias para los y las niñas y sobre todo para aquellos y aquellas con necesidades educativas especiales. También tendrá consecuencias muy concretas para las mujeres, pues la Educación Infantil es un sector muy feminizado, tanto desde el punto de vista de las madres, debido a razones sociales relacionadas con las tareas de cuidado y la precariedad laboral, como de las trabajadoras.

La incorporación masiva actual de las mujeres al mercado de trabajo, junto con sus luchas reivindicativas, han planteado un importante debate social sobre la necesidad de compartir las tareas de cuidado que antes estaban indiscutiblemente asignadas a las mujeres dentro del ámbito familiar. Esta realidad, unida a un contexto de crisis y precariedad laboral galopante que afecta también más a las mujeres, constituye el nudo central de la llamada ‘conciliación familiar y laboral'.

La Comunidad de Madrid utiliza ‘la conciliación' y la falta de plazas en las escuelas infantiles públicas para justificar el decreto, aportando soluciones que perjudican a las mujeres, atentan gravemente contra la infancia y trasvasan dinero público a manos privadas. Así, las y los niños podrán permanecer escolarizados tantas horas y tantos días como las jornadas laborales de sus padres, especialmente de sus madres, requieran. Incluso algunas empresas se han ofrecido a colaborar en esta conciliación ofertando “guarderías” a sus empleados y empleadas en los mismos centros de trabajo, cuya gestión y funcionamiento quedarían exentos del control público y familiar.

El Decreto considera a las criaturas un estorbo para el desarrollo de la vida laboral de sus progenitores, haciendo recaer sobre ellas las consecuencias de una organización social basada en el beneficio privado. Se ponen a disposición del mercado los más de 30.000 puestos escolares que se necesitan en el primer ciclo, lo cual representa un jugoso negocio.

La Escuela Infantil es un derecho universal. Sin embargo su deterioro no ha causado tanta alarma social como el de otros servicios públicos, quizás, por afectar fundamentalmente a niñas, niños y mujeres. Es necesario reivindicar escuelas infantiles suficientes, públicas y de calidad a la que puedan optar madres y padres independientemente de su situación laboral. La educación en general y la infantil en particular, puesto que incide en la formación intelectual, afectiva y social, determinando el resto de las etapas educativas y evolutivas de la vida, no puede estar sujeta a las imposiciones del mercado de trabajo.

Cabe destacar la necesidad de un uso positivo del lenguaje en nuestras reivindicaciones. Exijamos servicios públicos de calidad y escuelas infantiles, no “guarderías”. Como mujeres y feministas no podemos permitir que se utilice la conciliación familiar y laboral o el derecho de las mujeres al empleo como coartada para practicar una política injusta y falsa.